El programa Empodérate Cubano, que conduce la periodista Iliana Hernández, abordó en su emisión número 13 las condiciones laborales de las personas privadas de libertad en Cuba. Para este análisis, el espacio contó con la participación del abogado de Cubalex, Raudiel Peña Barrios. 

El debate se centró en las condiciones laborales que enfrentan los reclusos dentro de las prisiones del país, tema que se destacó en el análisis legal del informe más reciente de Cubalex, correspondiente al mes de febrero. En particular, el abogado destacó la compleja situación de los prisioneros políticos, quienes están sometidos a trabajos forzados y explotación laboral bajo condiciones deplorables, incluyendo la producción de carbón como uno de los ejemplos más críticos.

Peña Barrios destacó el trabajo sistemático de documentación por parte de Cubalex sobre las múltiples violaciones a los derechos laborales de los reclusos, coincidiendo con la entrada en vigor del Decreto ley 81/2023 que regula estas condiciones de trabajo en centros penitenciarios. A pesar de los derechos y deberes que establece el decreto, persisten las prácticas abusivas y violatorias de los derechos humanos, incluyendo la falta de pago de salarios y condiciones de trabajo peligrosas que han resultado en la muerte de varios reclusos.

El abogado criticó la generalización de estas prácticas abusivas y la falta de garantías para que los derechos reconocidos en la legislación se cumplan en la práctica. La discusión también abordó los tipos de trabajos asignados a los reclusos, que a menudo son en sectores donde hay escasez de mano de obra, como la agricultura, la construcción, y la limpieza de calles. Estos trabajos se presentan como oportunidades para que los reclusos salgan de prisión temporalmente, pero no necesariamente corresponden a sus capacidades o formación profesional.

De igual modo, se presentó el tema del salario de los reclusos, mencionando que una parte de sus ingresos puede ser destinada al pago de responsabilidades civiles derivadas de sus delitos. Peña Barrios aseguró que la voluntad de trabajar es teóricamente opcional, pero en la práctica, la negativa a aceptar ofertas laborales puede ser vista negativamente y afectar la evaluación de la conducta del recluso, lo cual refleja el complejo entramado de coerción y explotación laboral dentro del sistema penitenciario cubano.

En el espacio también se habló sobre las opciones limitadas de trabajo para los reclusos en Cuba y las obligaciones del régimen penitenciario respecto a la provisión de medios laborales adecuados, como uniformes y equipos de protección. Se mencionó que, según un nuevo decreto ley, las entidades que contratan a reclusos están obligadas a suministrar los materiales necesarios para garantizar la seguridad de estos durante el trabajo. Se criticó la falta de cumplimiento de esta obligación en casos específicos, como el de reclusos trabajando en la producción de carbón en condiciones de explotación y sin protección adecuada.

El abogado de Cubalex también explicó el procedimiento para denunciar violaciones de derechos laborales por parte de los reclusos. Dicho procedimiento implica presentar una queja ante la Fiscalía, aunque se reconoce la ineficacia de este mecanismo en Cuba. Luego , se sugiere que las denuncias pueden ser realizadas por familiares destacando así la importancia de hacer estas denuncias para dejar constancia de las violaciones de derechos, a pesar del riesgo de represalias dentro de la prisión.

El diálogo también exploró la posibilidad de que los reclusos no estén plenamente conscientes de sus derechos o que teman las consecuencias de presentar denuncias. Se destacó el caso de una reclusa embarazada, subrayando la insuficiencia de las condiciones en prisión para garantizar un embarazo seguro y el acceso a derechos relacionados con la licencia de maternidad.

De ahí la importancia de conocer y reivindicar los derechos de los reclusos, especialmente en un contexto de cambio potencial en Cuba, y la necesidad de adoptar medidas de reparación para aquellos cuyos derechos han sido violados. Se destacó también la responsabilidad que tiene la Fiscalía de verificar y actuar ante las denuncias de violaciones de derechos laborales, aunque se reconoce el desafío que esto representa en el actual sistema cubano.

Foto: Captura de pantalla de la transmisión en vivo del espacio “Empodérate cubano”, que conduce la periodista Iliana Hernández. 

Peña Barrios advirtió que aunque existe la falta de cumplimiento de la ley y la protección de los derechos en Cuba, esto no constituye un límite para el poder establecido, evidenciando una profunda desconexión entre la legislación y su aplicación práctica. Esto refleja la necesidad de un cambio profundo en el sistema legal y judicial cubano para asegurar la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Como conclusión del programa, se resaltó la importancia de denunciar las violaciones a los derechos laborales de los reclusos así como cualquier otra violación de derechos en Cuba.  

A pesar de la ineficacia del sistema actual, el abogado insistió en que los cubanos, especialmente la juventud, debe luchar por un futuro donde los derechos sean respetados y protegidos; donde existan fiscales y jueces dignos que cumplan con su deber de proteger la legalidad y la justicia. Este esfuerzo es esencial para empoderar a los ciudadanos y asegurar que estén informados sobre sus derechos y los medios para defenderlos, incluso en un contexto de dictadura donde la aplicación práctica de estos derechos es altamente cuestionable.