La Habana, Cuba.- Caridad Reyes Roca permutó con Ofelia de la Cruz de Armas en 2008. Tres días después, la vecina de los bajos le reclamó por las filtraciones de las instalaciones sanitarias. El recubrimiento de  paredes y techos se desprendía. Caridad lleva cuatro años intentando deshacer la permuta y regresar a su antigua propiedad.

“Mi abogada se vendió a la contraparte”, asegura. Caridad contrató a la licenciada Yolanda Martiato Sánchez en enero de 2009. En junio, sin su consentimiento, la letrada presentó un escrito de desistimiento que el Tribunal de La Habana aceptó. Se archivaron las actuaciones.  “Supe del engaño cuando me quejé en el Consejo de Estado y me respondió el tribunal”, añade Caridad.

“La denuncié, pero la dirección de Atención a Bufetes Colectivos, del Ministerio de Justicia, dijo que el desistimiento hecho a mis espaldas no me causó perjuicios”, explica. En agosto, Martiato Sánchez había abierto un nuevo proceso para impugnar la permuta. Pero en febrero de 2010 fue sustituida por un colega, licenciado Manuel Guzmán. “Como era de esperar, el tribunal  declaró sin lugar la demanda”, afirma Caridad.

Los jueces estimaron que no hubo vicios del consentimiento ni fraude. Según ellos, el precario estado del inmueble no fue ocultado por la demandada. Ahora, la situación que vive Caridad se debe a su “falta de cuidado” y “actuar negligente”. No obstante, para llegar al fallo, se necesitó un informe de la Oficina del Arquitecto de la Comunidad (OAC) de Arroyo Naranjo.

Fue la misma institución que, en octubre de 2008, expidió un dictamen técnico que según la señora Cruz de Armas cuando contestó la demanda, acreditaba “el buen estado técnico del inmueble”. Hasta la fecha, Caridad Reyes no ha podido obtener copia de dicho documento.

En cambio, y a instancias de la propia Caridad, la OAC emitió un nuevo dictamen en enero de 2009, y resulta que ya la vivienda no cumplía los requisitos de habitabilidad, por lo que no podía considerarse como “vivienda mínima adecuada”. El documento fue firmado por la arquitecta Elena Pérez, Jefa de la institución y vecina contigua de Caridad.

Amiguismo, corrupción

Elena Pérez, jefa de la OAC, tiene amistad con la señora Ofelia de la Cruz de Armas, demandada por Caridad; también, debido al cargo que ocupa, con la abogada Martiatos Sánchez y los funcionarios del Dirección Municipal de la Vivienda de Arroyo Naranjo (DMV). El Tribunal de La Habana, sin embargo, pasó por alto el conflicto de intereses y solicitó a Elena Pérez que designara a dos peritos que certificaran el estado técnico constructivo de la vivienda de Caridad Reyes.

Según el informe, las características estructurales del inmueble variaron por la realización de acciones constructivas, que Caridad nunca realizó. “Ligereza por la que no puede imputarse a un actuar fraudulento de su contraparte”, sentenció el tribunal.

El hecho es que en menos de tres meses, la vivienda varió y perdió los requisitos de habitabilidad. Esto, sin embargo, no sugirió a los jueces que el dictamen emitido por la OAC fue falseado. Nada les hizo sospechar del arquitecto, los funcionarios de la DMV y el notario actuante, tampoco de un posible delito de falsificación de documentos.

Pero Caridad Reyes no desistió. Contrató a otro abogado, y aunque el recurso fue rechazado por el Tribunal Supremo, solicitó a la Dirección Municipal de la Vivienda de Arroyo Naranjo la nulidad de la resolución que autorizó la permuta. El pedido fue denegado y el asunto archivado. Y Caridad Reyes Roca demandó a la institución. La antigua Audiencia de la Habana declaró sin lugar su ruego. Caridad recurrió al Tribunal Supremo y obtuvo la misma respuesta.

La misma OAC, en 2012, emitió otro Dictamen Técnico. El inmueble, constata, mantiene malas condiciones, pero no se especifica si es inhabitable e irreparable. La construcción se devaluó de 4356,15 pesos en moneda nacional (valor que tenía cuando se efectuó la permuta) a 2678,16.

Caridad Reyes presentó escritos de quejas en diferentes instancias del gobierno: Tribunal Provincial y Supremo, Asamblea Nacional, Consejo de Estado, Instituto Nacional de la Vivienda, Ministerio de Justicia, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y la Fiscalía General de la República.

Ninguna investigó a fondo el asunto, ni valoró el riesgo que corren su integridad física y la de su hija, a pesar de que ambas pertenecen a grupos sociales vulnerables. Caridad Reyes Roca, de 65 años, es jubilada, y tiene a su cargo a Misley Lázara Suárez, de 30 y con síndrome de Down.

Sus vidas peligran dadas las condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda. Las aguas negras deben ser de evacuadas de forma manual. Duermen en la cocina por los riesgos de derrumbe en el dormitorio. Reyes Roca padece de urosepsis crónica y gastroenteritis. Tiene dificultades para tratarse con antibióticos por la resistencia de bacterias como el estafilococo dorado.

¿Qué esperan las autoridades? ¿Que el techo caiga sobre sus cabezas? ¿Qué será de Misley Lázara si Caridad llegara a faltarle? En eso no pensaron quienes por ambición engañaron a esta anciana madre de una joven discapacitada.

El amiguismo campea en el sistema legal cubano.