La Habana, Cuba, 27 de abril, 2016.- El Centro de Información Legal Cubalex, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Abraham presentamos recientemente tres propuestas  de reforma al proceso electoral cubano, teniendo en cuenta que en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) se pronunció en 2015 a favor de la puesta en vigor de una nueva Ley Electoral y la posterior realización de las elecciones generales.

Las tres organizaciones, junto a otras, hicieron reclamo de su derecho legítimo de formar parte del proceso de reforma iniciado por el PCC, “a fin de que fueran escuchadas y sometidas a debate” todas las propuestas generadas por la sociedad civil en el recién concluido Congreso partidista. Así decía la carta enviada a la señora Mercedes López Acea, primera secretaria del comité provincial del PCC.

La Constitución de la República de Cuba, en su artículo primero, nos ampara en el ejercicio de la libertad política de ejercer estos reclamos, aunque no haya habido respuesta ninguna por parte de la representante del PCC.

Las tres propuestas eran claras: primero, transparencia en el proceso electoral; segundo, libertad para elegir y condiciones de igualdad para ser elegido; tercero, derecho de los candidatos a hacer campaña electoral.

Aun cuando las propuestas están basadas en las violaciones de los Derechos Humanos que padecen los cubanos, el Congreso del PCC ratificó su postura de mantener un Estado totalitario.

La reelección de Raúl Castro como Secretario General del Partido y la ratificación de la irrevocabilidad del socialismo en Cuba son muestras de la postura intransigente hasta el momento sostenida.

No habrá por tanto una solución para los problemas que señalan las propuestas presentadas por la oficina de Cubalex y las demás organizaciones.

La votación de los candidatos seguirá siendo a mano alzada lo que garantizará la coacción de los votantes; los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), seguirán ejerciendo el control sobre el proceso de postulaciones de las y los candidatos a través de sus juicios de valor; no habrá ninguna posibilidad de fundar partidos políticos, asociaciones cívicas creadas por la espontaneidad ciudadana independientes a la línea ideológica del PCC ni habrá debates sobre políticas públicas.

La indiferencia del Congreso del PCC con respecto a las propuestas de la sociedad civil independiente reafirma que en la Cuba concebida desde las filas del partido, nadie que no sea asignado previamente por las organizaciones de masa progubernamentales podrá integrar las mesas electorales ni podrá acceder a información que universalmente es reconocida como pública.

El Congreso del PCC ha señalado que cuanto ocurra en el 2018, cuando se asegura habrá una sucesión política será solo un gesto formal.

Mientras que el sistema político y electoral siga inamovible, quien tiene el poder es Raúl Castro como secretario general. Porque aun cuando el poder del Partido sea informal e indirecto quien maneja los hilos del gobierno es quien lidera la organización partidista.

Tanto las reformas de la Constitución de la República anunciadas por Castro como la nueva Ley electoral, seguirán siendo la expresión inequívoca de la dictadura cubana, en tanto la sociedad civil cubana sea relegada a los márgenes de las decisiones claves de la política cubana.

El silencio como respuesta es consecuente con la política del estado cubano; sin embargo, esta actitud sirve como pretexto a los firmantes del documento a seguir ejerciendo presión no solo ante las organizaciones internacionales encargadas del tema electoral; si no seguirá insistiendo, esta vez ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.