La Habana, Cuba, 29 de Septiembre de 2016.- El gobierno cubano debe cesar de inmediato los ataques y la represión contra los integrantes de Cubalex.

El pasado viernes 23 de septiembre, aproximadamente a las 10:00 horas, la fiscal general de Cuba, Beatriz Peña de la O, y el teniente coronel Juan Carlos Delgado Casanova, instructor de la División de Investigación Criminal y Operaciones, acudieron a la sede del Centro de Información Legal Cubalex e ingresaron ilegalmente al inmueble.
Para ello rompieron los candados que protegían la entrada de la sede de Cubalex, argumentando que la directora de Cubalex, la abogada Laritza Diversent, tenía una denuncia en su contra por actividades económicas ilícitas.

Ingreso ilegal a la sede de Cubalex

Testigos del allanamiento

Una hora antes, los funcionarios del gobierno cubano cortaron la comunicación de todos los celulares de los ocho miembros de Cubalex que se encontraban en la sede, la de sus familiares, así como la línea de teléfono fijo.
Diversent apeló a su derecho a la inviolabilidad del domicilio y no permitió la entrada de las autoridades cubanas, exigiendo se cumpliera con las formalidades legales. Aproximadamente a las dos horas, ingresaron ilegalmente.
Entre los objetos confiscados por la Fiscalía de Cuba están cinco computadoras, incluido un servidor, cuatro laptops, tres impresoras Láser HP multifuncionales, siete teléfonos móviles, las cámaras de seguridad, así como documentos y archivos de 300 casos atendidos por la oficina. El registro duró alrededor de una hora.
Tras la incursión ilegal, los integrantes de Cubalex fueron sometidos a interrogatorios y cinco de ellos, cuatro mujeres y un hombre, fueron obligados a desnudarse para realizarles un chequeo corporal. A todos los integrantes no se les permitió ingerir alimentos durante 13 horas.
Asimismo, dos miembros del equipo fueron detenidos. Uno fue liberado a las 12 horas mientras que el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, quien fuera conducido al finalizar el interrogatorio, se encuentra hasta la fecha incomunicado en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, ubicada en la calle Zanja, en Centro Habana.
En el registro participaron otras instituciones del Estado, tales como la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), el Instituto de Planificación Física y el Ministerio de Justicia, organismo que tiene que tomar decisión respecto al proceso de legalización presentado por la organización en febrero de 2016.
Esta no es la primera vez que los integrantes de Cubalex sufren algún tipo de hostigamiento por la labor de defensa de los derechos humanos que realizan en Cuba. El pasado 15 de marzo de 2016, fue requerida oficialmente a presentarse ante la Policía Nacional Revolucionaría (PNR) , Yamara Rodríguez Curbelo, Secretaria Ejecutiva de la organización, con el objetivo de ser entrevistada por la labor que realiza. Se trataba de la tercera vez que Yamala era molestada mediante esta diligencia, que constituye un medio para reprimir y hostigar a defensores y defensoras de derechos humanos cubanos.
El 22 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado cubano, mediante la adopción de la Medida Cautelar No 96-15, que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros de Cubalex y les permitiera desarrollar su trabajo como defensores de derechos humanos sin ser objeto de hostigamiento.
Por esta nueva agresión, Cubalex teme que el gobierno cubano inicie acciones para confiscar administrativamente el inmueble donde ha funcionado la organización de manera estable durante cinco años. Cubalex se encuentra totalmente expuesta a procesos penales y administrativos, y a la aplicación de la Ley 88 “Ley Mordaza”. Está en riesgo nuestra libertad e integridad personal.
Por lo anterior, Cubalex exige la libertad inmediata de Julio Alfredo Ferrer Tamayo, y solicita el apoyo de la comunidad internacional y un seguimiento a nuestro caso.