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Es común que las personas con residencia en Cuba, una vez iniciada la vida escolar, aproximadamente a los 6 años y a medida que pasan de un nivel educacional a otro,  ingresen en organizaciones sociales y de masas. Primero la de pioneros, a los 14 años las sociales y de masas, y después las estudiantiles.

Una vez en la vida laboral se unen al único sindicato existente en el país, y la organización que agrupa su sector profesional. La mayoría no tiene asignada una función dentro de la misma, pero pagan la cotización.

La regla es que todos estén integrados en varias de las organizaciones sociales y de masas, únicas en su tipo en el país, según el nivel educacional, sector profesional o intereses específicos.   Sus vidas, social y laboral, las de sus familias, dependen de esa integración y de participar en las actividades patrióticas, políticas y militares.

La “integración revolucionaria”, violenta la libertad de asociación, que comprende el derecho a no ser obligado a integrarse a una organización. Es requisito para obtener una carrera universitaria, un empleo o para ascender en el ámbito laboral, donde además se exige integración a las organizaciones políticas.

Las instituciones del estado, incluido los centros escolares, lo exigen y verifican.  Unas veces de oficio, otras a través de una empresa subordinada al Ministerio del Interior. Seguridad y Protección o los órganos de investigación criminal, concilian con las organizaciones sociales y de masas.

Ejemplo, la directiva de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en caso de investigación, dan información de la vida privada e íntima y criterios, en muchos casos personales y subjetivos, que luego son utilizadas por la fiscalía.

En las sentencia de los tribunales consta, además de los datos personales, si la persona acusada participa en las actividades “orientadas o programadas por las organizaciones de masas” o si se expresa públicamente en desacuerdo con los principios socialistas. Esto determina si es buena o mala persona.

La “integración revolucionaria” es el mecanismo de control social que permite al grupo político en el poder, establecer sistemas de premios y castigos. Las personas que no integren estas organizaciones por motivos religiosos o manifiesten públicamente sus criterios políticos contrarios, son condenadas con la inmovilidad laboral, el aislamiento y la discriminación social.