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Las personas electoras en Cuba se inhiben de manifestar públicamente sus preferencias políticas. El nivel de influencia e intromisión que ejercen las organizaciones sociales y de masas, en su vida familiar, laboral y comunitaria, los fuerza a ejercer su derecho al voto, por temor a represalias. Esta es la razón situación que explica el alto por ciento de participación de la ciudadanía en las elecciones.

La ley asigna funciones a las organizaciones sociales y de masas, y en la práctica, asumen otras. Por ejemplo, la lista de electores se publica en base a la estructura organizativa comunitaria de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Sus miembros generalmente integran las mesas electorales. Al momento de la votación, tienen facultades legales para incluir electores que no cumplen con el requisito de residencia.

Son responsables de verificar el listado de las personas electoras. Es fácil  excluir del padrón electoral a los  que no votan, porque “no cooperan con la dictadura”. Ellos nunca verifican su nombre en la lista. Mejor que consten como inhabilitados para ejercer el voto, que como opositores.

En fin, las elecciones parecen unas de las tantas tareas “orientadas y programadas” por los CDR, “para demostrar apoyo irrestricto al Partido Comunista de Cuba, a Fidel y a Raúl”. Así lo declaró la organización, cuando el  Presidente Barack Obama visitó a Cuba en marzo de 2016.  También reconocieron que su apoyo a los procesos electorales, era “vital”.

A nivel de circunscripción, los CDR controlan las asambleas de nominación de los candidatos a Delegados Municipales. Los electores, a mano alzada, someten sus propuestas a votación directa y pública. En contadas ocasiones proponen y nominan a un a una persona opositora al gobierno, las cuales no salen electas o quedan rápido en el camino.

Las personas con derecho al voto deben ser libres de votar a favor de cualquier candidato. A favor o en contra de cualquier propuesta que se someta a referéndum o plebiscito. Apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni coacción que pueda inhibir la libre expresión de su voluntad política.