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Durante el Examen Periódico Universal (EPU) en 2013, el Estado cubano aceptó y se comprometió voluntariamente a implementar 6 recomendaciones que le sugirieron fortalecer y perfeccionar su sistema político, reforzar el carácter democrático de sus instituciones, leyes, política.

Asumió el compromiso de mejorar su sistema de promoción y protección de los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, políticos, económicos y culturales, el ejercicio de la libertad de expresión, reunión, asociación y participación popular en los procedimientos electorales, de modo que se garantice la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

El X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), anunció el 23 de febrero de 2015, que en su VII Congreso a celebrase en abril de 2016, solicitaría a  Asamblea Nacional modificar el proceso electoral y la adopción de una nueva Ley; con vista a las elecciones generales de 2018.

El 28 de diciembre de 2016, el Jefe de Estado y Gobierno, informó que la Asamblea acordó continuar trabajando en las propuestas de modificación sugeridas por el congreso de la organización partidista sobre cambios en la división político administrativa y en la estructura de los órganos locales del poder popular, hasta la conclusión de la actual legislatura en el año 2018. Significa que no se realizará modificaciones al proceso electoral.

Cubalex recuerda al gobierno cubano su compromiso con los derechos humanos, en su condición de miembro del Consejo, y su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción sin distinción alguna.

En consecuencia le recomendamos la adopción de una ley electoral que:

1. Elimine las funciones asignadas legalmente dentro del proceso electoral a las organizaciones sociales y de masas, así como las comisiones de candidaturas y las asambleas de nominación,  para eliminar toda situación que restrinja la libertad de decisión y voto de las personas electoras y la inequidad en la postulación en las candidaturas.

2. Cree mecanismos legales para que los ciudadanos y ciudadanas se organicen en movimientos, partidos políticos o asociación  cívica política; y participen en las elecciones en condiciones de igualdad.

3. Proteja legalmente las expresiones relacionadas con asuntos de interés público, para garantizar la libre expresión de las inquietudes con el fin de ejercer un voto libre y consciente.

4. Garantice la alternancia en el poder como principio democrático, la paridad de género,  el derecho de las personas electoras a realizar campañas electorales con acceso en condiciones de igualdad a los medios de comunicación y  al financiamiento público y privado con reglas claras de rendición de cuentas.