​El Estado cubano es parte en 6  de los 9 Tratados de las Convenciones Internacionales más importante en materia de derechos humanos. Ratificó en 1972 y 1980 respectivamente, los de eliminación de todas las formas de discriminación racial y contra la mujer;  en 1991 1995, el de los Derechos del Niño y contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, en 2007, el de los derechos de las personas con Discapacidad y el de la protección de todas las personas de la desaparición forzada.

Además ratificó en 2001 y 2007 respectivamente, los protocolos facultativos sobre la intervención de niños en conflictos armados, sobre la venta de menores y utilización de estos en la prostitución y la pornografía, ambos complementarios a la Convención sobre los Derechos del Niño.  

Todos estas Convenciones están vigentes para el país, pero no son de aplicación directa dentro del ordenamiento jurídico, ni los tribunales los tienen en cuenta a la hora de dictar sus fallos. La Constitución nacional no reconoce expresamente qué jerarquía tienen los tratados internacionales en los que el Estado cubano es parte, en el sistema legal interno. Supongamos que tienen el mismo rango de la Ley Primera. ¿Correrían la misma surte que está en relación a su aplicación e interpretación?

La ley suprema nacional tiene carácter eminentemente político. Los tribunales no pueden aplicarla ni interpretarla directamente. En otras palabras, en Cuba no existe jurisdicción constitucional. Los órganos con potestad legislativa, son los únicos autorizados a interpretarla, a través de la promulgación de leyes que amplían su contenido y son esas leyes, las que pueden ser objeto de interpretación judicial.

Significa que, los tribunales nacionales no tienen autorización para aplicar directamente los tratados internacionales y sólo los órganos con potestad legislativa pueden interpretarlos. En fin, necesitamos de leyes nacionales que desarrollen sus contenidos.