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En sus dos ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), celebrados en 2009 y 2013, los miembros del Consejo de derechos Humanos le recomendaron al Estado cubano ratificar a la mayor brevedad posible y sin reservas, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (PF-CCT), integrarlo a su legislación nacional y tipificar la tortura como delito.

El gobierno tomó nota de esas recomendaciones bajo el argumento de que, aseguraba el respeto a la integridad física y espiritual de las personas y que contaba con recursos nacionales efectivos para asegurar la rigurosa aplicación de la Convención.

Agregó que necesitaban acudir a la asistencia de investigaciones internacionales para asegurar a las personas que residen en su territorio la más plena protección y disfrute de los derechos y recursos que establecen instrumentos internacionales de derechos humanos.

Afirmó que en el país no existían prácticas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En consecuencia no consideraba necesario, asumir obligaciones con procedimientos e instancias de jurisdicción supranacional, para la tramitación de peticiones individuales.

Los órganos de tratado encargados de interpretar y vigilar la aplicación de los instrumentos  internacionales en materia de derechos humanos, no tienen autorización para conocer denuncias individuales que le presenten las personas con ciudadanía y residencia cubana.  Cuba no reconoce jurisdicción a ninguno.