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La defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo depende del trabajo en el terreno que realizan las organizaciones de la sociedad civil, documentando violaciones de derechos humanos.

No importa si el contexto interno de un país es más o menos represivo, o si el régimen es más o menos democrático. La sociedad civil es la que vigila la aplicación e implementación universal y efectiva de los derechos humanos.

Estas organizaciones son mediadores entre los individuos y el Estado, y un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias y el Estado de Derecho. Sin sociedad civil, no hay Estado legítimo.

Lamentablemente sus miembros, a menudo se exponen a peligros. Muchas veces son torturados y sometidos a tratos inhumanos y degradantes, incluso asesinados. Están en situación de vulnerabilidad en todo el mundo, por las restricciones indebidas a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación

De los 43 mandatos temáticos de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, los relatores que se ocupan del ejercicio de los derechos antes mencionados, son quienes más comunicaciones envían a los Estados. Cuba no es la excepción. Estas relatorías fueron las que más comunicaciones les enviaron, ya sea de manera individual o en forma conjunta, entre 2011 y 2016.  

Sin embargo, el Estado cubano discrepa de la caracterización que realizan los relatores sobre las personas que integran las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba. Consideran inadmisible que internacionalmente las reconozcan como tal y parte de la sociedad civil cubana.

Agrega que tienen como objetivo, transgredir abiertamente las leyes, socavar, subvertir y destruir el sistema político y social, el ordenamiento jurídico y constitucional interno, establecido de forma soberana por la nación cubana, actuando en contra de los propósitos y principios consagrados en los instrumentos internacionales sobre derecho humanos.

Asegura que transitaron de invasores a terroristas, y se escudan bajo el manto de defensores  de derechos humanos. Afirma que reciben financiamiento proveniente del gobierno de Estados Unidos, para fabricar pretextos que justifiquen su política de hostilidad, bloqueo y agresiones contra Cuba.

El gobierno niega el trabajo de defensa de los derechos humanos que realizan las organizaciones de la sociedad civil informal, mediante el descrédito, para aumentar su situación de vulnerabilidad.