El Estado cubano no niega su existencia. Al tiempo que reconoce una parte de la sociedad civil ella, criminaliza y deslegitima el trabajo de las organizaciones que han surgido espontáneamente y son autónomas.
Afirma que las personas defensoras de derechos humanos están masivamente agrupadas en las miles de organizaciones de reconocida trayectoria a nivel nacional.
Sin embargo, omite que sus liderazgos ocupan cargos dentro de la estructura del único partido reconocido y puestos en el aparato estatal.
Por el contrario, los grupos que dentro de la sociedad civil surgen espontáneamente y sus miembros tengan una opinión política o de otra índole en contra de los intereses de la élite política, son discriminados.
Les niega el derecho a registrarse, obligándolos a operar informalmente.
Los acusa de mercenarios y terroristas porque reciben financiamiento principalmente del gobierno de los Estados Unidos, y por ende, de atentar contra los derechos al desarrollo, la paz y la libre determinación.
Lamentablemente, la Constitución de la República excluye la opinión política o de otra índole como motivo de discriminación.