​

Cuba no autoriza a ningún órgano encargado de interpretar y vigilar la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de Naciones Unidas, a recibir denuncias individuales  desde la isla. Tampoco reconoce autoridad ni legitimidad a las labores y decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mayoría de los países que están integrados al sistema interamericano de derechos humanos y reconocen tanto la jurisdicción de la Corte como de la Comisión, sus ciudadanos pueden recurrir a uno u otro sistema, incluso a ambos, para defender sus derechos fundamentales.

Las personas con ciudadanía y residencia en la isla no tienes ni la mitad de esas posibilidades. El gobierno ha declarado públicamente que no se integrará a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que dejó sin efecto su exclusión en 2009.

No obstante, la CIDH, durante décadas, ha monitoreado la situación de los derechos humanos en Cuba y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la materia como miembro de la OEA. No responde a sus comunicaciones y decisiones, adoptadas mediante informes especiales; en el Capítulo IV del Informe Anual, el sistema de casos, y la adopción de medidas cautelares.

A pesar del silencio y las declaraciones del Estado cubano, la CIDH lo reconoce  como “responsable jurídicamente” ante ella. “Es parte de los instrumentos internacionales que se establecieron inicialmente en el ámbito del hemisferio americano, a fin de proteger los derechos humanos”, argumenta.  Se “excluyó al gobierno de Cuba, y no al Estado, de su participación en el sistema interamericano”, agregó.

Las personas con ciudadanía cubana no disponen de recursos efectivos y adecuados a nivel interno, que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la constitución o por la ley. La presentación de denuncias ante los procedimientos especiales, son su único recurso, para llamar la atención internacional sobre la situación de derechos humanos en el país, y al único que oficialmente reacciona el estado.

Esa reacción, de una forma u otra contiene a las autoridades, al visibilizar la situación de vulnerabilidad de una persona o grupo determinado. Sin embargo, no es suficiente para evitar las violaciones de derechos fundamentales por parte de las autoridades nacionales. Tampoco implica que el Estado coopere con estos mecanismos, ni cumpla sus compromisos internacionales, como esperaba la comunidad internacional hace más de 10 años.

Cuba no reconoce autoridad o legitimidad de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, para evitar ser declarado responsable de violaciones de derechos humanos, colocando en total estado de indefensión a la población.