Las restricciones del derecho “a no ser obligado” a integrarse a una organización”, ha permitido a la élite comunista ejercer el poder en Cuba, sin alternancia durante 58 años y que los miembros de su partido, ocupen la mayoría de los puestos de representación política.
Las instituciones del Estado exigen a la población cubana “integrarse” a organizaciones que tienen una estrecha vinculación con el PCC y su misma exclusividad constitucional y legal dentro del sistema, para obtener una carrera universitaria, un empleo o ascender en el ámbito laboral.
La mayoría no tiene asignadas funciones dentro de las mismas, pero deben participar en las actividades patrióticas y/o militares con fuerte contenido político e ideológico, que estas organizan, ejemplo, las multitudinarias marchas del “pueblo combatiente”. La participación es verificada en el barrio y/o en los centros laborales.
Este control, permite establecer un sistema de premios y sanciones. Los que se nieguen a formar parte de ellas o manifiesten públicamente sus críticas a la gestión de la agrupación partidista oficial, son castigados con inmovilidad laboral, hostigamiento, represión, aislamiento, marginación y discriminación social.
Estas imposiciones tienen incidencia directa en el derecho a la libre expresión y opinión, la participación en la dirección de los asuntos públicos, y en consecuencia, en el derecho de la mayoría a elegir libremente la condición política y el gobierno del país.
La participación en las elecciones se percibe como una actividad más de los CDR. La ley le asigna la función de verificar el contenido la lista de electores. Sus miembros son designados para integrar los órganos electorales. Convocan y controlan las asambleas de nominación de las personas con aspiración a ocupar puestos de representación municipal.
Los niveles de participación en las elecciones son altos, porque las personas electoras se sienten forzadas a ejercer su voto por temor a represalias. Mientras se sientan obligadas a integrar organizaciones que controlan y se entrometen en sus vidas privadas y familiar, los cubanos no podrán ejercer su derecho a la libre determinación.
