Casi una veintena de medios independientes cubanos han firmado y publicado al unísono una declaración que denuncia los ataques del gobierno a la libertad de prensa en el país.

El documento condena la represión a los reporteros cubanos, la cual ha aumentado durante los últimos meses. Según han documentado organizaciones nacionales e internacionales , desde enero de 2018 se han documentado 183 agresiones a periodistas.

 Estos ataques, especifica el comunicado, “incluyen detenciones arbitrarias, interrogatorios, intimidaciones sicológicas, agresiones verbales, allanamientos de domicilios, prohibiciones de salida del país, acoso sexual, ciberacoso, difamación, provocaciones en la vía pública y decomiso de medios de trabajo”.

En septiembre de este año al habitual hostigamiento se añadió un nuevo acto de represión de mayor magnitud:  la condena a un año de trabajo correccional con internamiento al reportero de Cubanet, Roberto Quiñones. Este fue detenido mientras realizaba una entrevista, golpeado por la policía y luego condenado a 12 meses de cárcel por desobediencia.

 Los firmantes de la declaración denuncian que el propósito de esta ola represiva es acallar a quienes ejercen el periodismo independiente. A su vez, estas agresiones no solo afectan a los reporteros, sino que “cercenan el derecho de la ciudadanía cubana a la información de interés público y, por tanto, le impiden acceder y participar en la toma de decisiones”.

 Como parte de la declaración los 19 medios firmantes solicitan que las autoridades cubanas otorguen carácter legal al ejercicio periodístico en el país y a los medios de comunicación independientes, no estatales. Además demandan que “las autoridades prohíban las detenciones ilegales, presiones, uso y ejercicio de cualquier herramienta, mecanismo, modalidad de chantaje y coerción en contra de periodistas, en razón de los temas que investigan, lo que piensan, dicen y publican”.

 El pasado 17 de septiembre más de 50 periodistas, blogueros  y editores de medios independientes habían firmado otra declaración que exigía libertad de prensa y condenaba la encarcelación de Quiñones.

Ambos documentos se publican en medio de un contexto represivo, calificado por la  Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como uno de los peores niveles históricos de las violaciones a la libertad de prensa en Cuba.