Cuba y Venezuela fueron señalados por la Organización de Naciones Unidas(ONU) como los países de la región con los peores indicadores en materia de promoción y protección de la libertad de expresión.

Ambos países enfrentan una crisis en la libertad de expresión por años, afirmó el relator especial de la ONU, David Kaye.

Durante el último año, en la isla aumentó la represión a comunicadores independientes y activistas políticos. Hasta junio de 2019 habían sido reportadas a APLP 54 agresiones a reporteros nooficiales, 11 de ellas a mujeres.

Como parte de estas agresiones los reporteros son intimidados, vigilan sus domicilios, allanan sus casas, los provocan en la vía pública y decomisan sus medios de trabajo. A los periodistas también los detiene la Seguridad del Estado de manera arbitraria durante horas o días usualmente. Aunque, a finales de marzo, el periodista de Cubanet Roberto Quiñones fue detenido y comenzó un proceso en su contra por el cual hoy cumple un año de internamiento.

 Este caso fue denunciado por organizaciones y medios independientes cubanos, y condenado por instancias La condena al periodista cubano ha sido incluida en la lista del OneFreePress entre los diez casos más urgentes de injusticia contra periodistas y Amnistía Internacional lo nombró como “prisionero de conciencia”.

A estas medidas se suma la prohibitiva de salida por períodos de tiempo aleatorios.  Casi unos 200 ciudadanos cubanos han denunciado su estatus de regulados en el presente año.

Otra medida de coacción que limita el derecho a la libre expresión está estipulada en el propio código penal cubano. La Ley 88, más conocida como “Ley Mordaza” anuncia sanciones de décadas de encarcelamiento a quien viole esta legislación.  

La ley 88 dispone la represión del periodismo no estatal por  intentar “subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social”. La última ocasión en que se aplicó esa medida represiva en la Isla fue durante la Primavera Negra, en 2003. En ese entonces fueron encarcelados 75 personas, casi la tercera parte de ellos eran periodistas.

El pasado mes de mayo, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, recordó desde su cuenta en Twitter que la Ley Mordaza está vigente y se puede aplicar nuevamente en le país.