Tras la publicación del Decreto-Ley N^o389/2019 se introdujeron técnicas especiales de investigación, que incluyen la exploración encubierta, el colaborador eficaz, el empleo de la vigilancia electrónica o de otro tipo y las entregas vigiladas. En el propio Decreto-Ley se establece que las mismas se emplean siempre que resulten idóneas o necesarias para la investigación de hechos delictivos que por su gravedad, connotación u organización lo requieran, incluyendo operaciones cuyo origen o destino sea el exterior del país.

Aunque el empleo de estos procedimientos no es nuevo en el contexto cubano, y en el caso particular de la vigilancia electrónica ha existido un auge en su aplicación ya que más personas disponen de móviles y cuentas de internet en la isla, lo cierto es que esta es la primera ocasión en que se legalizan los mismos. Esto último constituye una ventaja de esta nueva realidad: el hecho de que al menos las pautas generales para su aplicación sean públicas.

Otro elemento positivo es que, al menos formalmente, el Ministerio del Interior queda obligado a garantizar la confidencialidad de las informaciones obtenidas mediante el empleo de la vigilancia electrónica si no guardan relación con el delito, las que no serán divulgadas y serán destruidas. Además, las conversaciones entre el imputado y su defensor no pueden ser vigiladas.

Sin embargo, una gran desventaja aflora del contenido de la disposición normativa mencionada, que incluso puede colocar en tela de juicio el reconocimiento constitucional del debido proceso (artículo 95), el derecho a la intimidad (artículo 48) y a la inviolabilidad de la correspondencia (artículo 50). El uso de las mencionadas técnicas no será autorizado por un tribunal, sino por la fiscalía. Según el artículo 110 apartados 2 y 3 de la Ley de Procedimiento Penal, tal cual quedó redactada luego de las nuevas modificaciones, corresponderá a los fiscales autorizar la aplicación de las técnicas especiales de investigación.