Laritza Diversent es una reconocida abogada cubana y defensora de los derechos humanos. Como le ocurrió a tantos compatriotas, en mayo de 2017 debió exiliarse por la persecución del régimen castrista hacia su persona y hacia la organización Cubalex, que ella misma dirige. Durante su estadía en Buenos Aires, la activista dialogó con Infobae sobre la situación de los derechos humanos en su país y sobre cómo la crisis venezolana permitió entender lo que también ocurre en Cuba “ante la falta de acciones de la comunidad internacional”.

“Si la situación de Venezuela no empeoraba, jamás se hubiese empezado a mirar a Cuba”, consideró Diversent, quien en la capital argentina participó de la conferencia organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) sobre los “Desafío al activismo de Derechos Humanos” en la región.

La abogada cubana sostuvo que, durante más de seis décadas, la comunidad internacional hizo caso omiso al sistema represivo y dictatorial que impuso el castrismo en la isla. “Si se hubiesen tomado medidas con Cuba, hubiesen sabido cómo hacer frente a la crisis venezolana, que tiene una crisis humanitaria muy fuerte”.

“La comunidad internacional no ha podido hacer nada. Los mecanismos son ineficientes contra gobiernos dictatoriales. ¿Qué más hay que esperar ante lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua?”, indicó.

La titular de Cubalex, quien desde mayo de 2017 se encuentra exiliada en Estados Unidos, aseguró que la Carta Democrática Interamericana “ha sido un mecanismo ineficiente para Venezuela y Nicaragua”. “Si se hubiese visto antes lo que ocurría en Cuba, en especial en la OEA, se hubiese podido adoptar medidas preventivas” para hacer frente a la situación venezolana.

En esa línea, Diversent también sostuvo que el rol de varios movimientos -”supuestamente defensores de los derechos humanos”- contribuyó a la perpetuación en el poder del régimen castrista en Cuba, y posteriormente del chavismo y sandinismo en Venezuela y Nicaragua, respectivamente.

“Veo peligro por parte de las organización de la sociedad civil que defiende los derechos humanos porque están marcadas por posicionamientos ideológicos. Eso es un peligro, porque las organizaciones no han sabido mantenerse lejos de posturas ideológicas para defender los derechos humanos”, opinó la abogada cubana.

“Algunos movimientos no repudian las violaciones y persecución en Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero sí las medidas adoptadas por Bolsonaro en Brasil. La defensa de los derechos humanos no tiene que ver con posicionamientos políticos”, agregó.

La activista y disidente cubana aseveró que existe “un doble estándar, una doble moral” cuando se habla de defensa de los derechos humanos.

Venezuela, y la “exportación del método cubano»

La influencia del régimen castrista en el venezolano ya es indisimulable. Tanto que la continuidad de Maduro en el poder se debe, en gran parte, a los miles de agentes cubanos que se encuentran infiltrados en la estructura militar venezolana.

“Muchos elementos represivos del sistema cubano están siendo usados en Venezuela y Nicaragua. La forma en que reprimen es muy parecida; por ejemplo, las contra manifestaciones violentas son muy comunes en ambos países. Hay muchas semejanzas también en las violaciones a las garantías del debido proceso cuando se encarcela arbitrariamente a una persona”, explicó Diversent.

Pese a esas similitudes, también subrayó diferencias que, a su juicio, hacen más difícil que caiga el régimen castrista. Entre ellas, recordó que Cuba lleva más de seis décadas bajo una dictadura y, a diferencia de Venezuela, no cuenta con frontera con ningún país.

“En Cuba hay un sistema de control que Maduro todavía no ha logrado instalar. La sociedad civil venezolana todavía tiene más opciones que la cubana. Cuba tiene un sistema de control sumamente fuerte, general; a cada ciudadano se lo controla”, aclaró.

Consultada sobre si una hipotética caída de Maduro del poder podría provocar un efecto dominó en Cuba, la abogada cubana respondió: “Si cae Maduro sí va a afectar porque Cuba tiene dependencia económica de Venezuela, pero no quiere decir que caiga el régimen porque el sistema del control es mucho más estructurado y mejor organizado del que tienen Maduro y Ortega en sus países”.

“Necesitamos una sociedad civil mucho más fuerte para que eso suceda, y hoy tenemos lo contrario: una sociedad débil. No tenemos el suficiente apoyo de la comunidad internacional, ni visibilización, sumado a la constante persecución que sufrimos día a día”, añadió.

En referencia a esa “visibilización” que se necesita, reconoció que fue muy importante la llegada de internet a la isla. Actualmente, según relató Diversent, “hay mucho descontento en la sociedad cubana, y hoy las redes sirven mucho para mostrar eso”. Situación que se vio exacerbada tras las detenciones de reconocidos artistas, como Luis Manuel Otero Alcántara, e importantes dirigentes disidentes, como José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU.

Persecución y exilio

Diversent, junto a otras 21 personas, fundó en 2010 Cubalex, una organización sin fines de lucro que brinda asesoramiento legal, “de forma gratuita”. Pero no cuenta con reconocimiento legal por parte del gobierno cubano, luego de que éste dictaminara en 2016 que no se precisan organizaciones independientes de asesoría jurídica “porque el Estado ya defiende al pueblo”.

El 23 de septiembre de 2016 las autoridades cubanas allanaron la sede de la ONG. Sede que en verdad era la casa de Diversent, ya que al no tener reconocimiento por parte del Estado no podía funcionar en otro lugar. “Allanaron nuestra sede, confiscaron nuestros medios de trabajo, los documentos de nuestros clientes. Éstos, a su vez, fueron acosados por haber requerido nuestros servicios. Nos procesaron por actividad ilícita; en mi caso, también por falsificación de documentos”.

Diversent recordó que, entre las múltiples restricciones que aplicó el régimen contra Cubalex, exigía que la organización debía “establecer normas de relación con una institución del Estado para funcionar (…) y que nuestras actividades atentaban contra los fines del Estado socialista”. “Reclamamos esa decisión ante la ministra del Interior, y antes de que nos dieran una respuesta fue cuando allanaron nuestra sede”.

Esto, explicó la activista cubana, “obliga a todas las organizaciones independientes a operar de manera ilegal”: “No podemos tener una cuenta bancaria, una sede… Tenemos que juntarnos en casas de personas que integran la organización; tampoco el acceso a financiamiento internacional. Nos coloca además en una situación de riesgo”.

La mayoría de los clientes de Cubalex eran personas privadas de su libertad. “Nosotros los asesoramos sobre los pasos a seguir” en el proceso jurídico. No obstante, desde Cubalex no podían representarlos ante los tribunales castristas. “Presentamos informes ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana, denunciando, por ejemplo, que al momento de los arrestos arbitrarios no había supervisión judicial; pruebas que no eran eficientes para demostrar la culpabilidad. Ese tipo de violaciones… el derecho a la defensa”.

En estos años de funcionamiento, la organización atendió al menos tres mil casos. Pero los documentos de la mayoría se perdieron durante el allanamiento del régimen.

Luego de que el equipo legal de Cubalex pidió refugio en Estados Unidos, el staff de la ONG pasó de 22 a apenas tres personas. “Es difícil conseguir recursos para funcionar. Comenzamos siendo 22, salimos 14 al exilio. Pero no tenemos recursos para mantener a todo el staff”. Por ese motivo, durante la conferencia organizada por CADAL trató de “sensibilizar sobre los problemas que tenemos para asociarnos, para defender los derechos humanos, solicitando apoyo de la comunidad latinoamericana para visibilizar este problema”.


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