¿Quién es Félix Pérez y por qué puede ir a prisión?

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El pasado 22 de abril, el activista Félix Pérez Salazar se presentó de manera pacífica en la 5ta Unidad de la PNR en Santa Clara para acompañar a otros opositores que reclamaban multas impuestas por un supuesto mal uso del cubreboca.  Allí lo detuvieron por más de dos horas y fue amenazado con privación de libertad por acudir en defensa de los afectados.

Después de liberarlo un agente de la Seguridad del Estado, conocido como Daniel le entregó una multa de 3 mil pesos bajo el Art 8.3 del Código Penal, que fue modificado por el Decreto Ley 310. Hasta hoy el acusado desconoce el motivo de la sanción.

 Esta norma autoriza a la policía a juzgar. Es decir, si la policía considera que un ciudadano cometió un delito, por ejemplo de desacato, le aplica este artículo, (que incluye cuotas entre 3 mil y 5 mil pesos). Este decreto priva al acusado de su derecho de acceder a un tribunal donde se necesitan presentar evidencias, hacer una audiencia pública y disponer de asistencia letrada.

Un mes después, Félix, vicepresidente del Comando Cívico Leoncio Vidal, fue sancionado por mal uso del cubrebocas (lo usaba por debajo de la nariz) cuando se dirigía a ver a su madre, quien vive en la casa de abajo. La distancia entre las viviendas es solo una escalera. En la acera, cuando se encontraba ya en la entrada, se detuvo una patrulla con cuatro uniformados quienes le aplicaron la sanción. Ese mismo día Pérez Salazar había acudido a una reunión de la organización opositora que integra por lo que él denuncia la sanción como una reprimenda política por la actividad.

Este 9 de agosto una funcionaria visitó al activista con el fin de cobrar las multas impuestas y Félix Pérez respondió que no pagaría cuotas que consideraba arbitrarias.

Actualmente el activista está en peligro de ir a prisión por el delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de contravenciones. El tribunal puede condenarlo a seis meses de privación de libertad. Félix puede ser juzgado en un proceso sumario donde tampoco le garantizan un abogado de oficio, como ha sucedido con otros activistas.