Alertamos sobre las informaciones recibidas desde Cuba que hacen suponer que las instituciones del estado, especialmente el Ministerio del Interior, moviliza efectivos armados y brigadas de respuesta rápida. El objetivo es promover la apología al odio nacional e incitar la hostilidad y la violencia física, verbal y psicológica contra las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica en favor de la liberación de Denis Solís y Luis Manuel Otero Alcántara y el cese de la represión contra el Movimiento San Isidro. En la mira del hostigamiento también están quienes han exigido al Ministerio de Cultura que cumpla las funciones públicas para la que supuestamente fue creado.

Ante esta información alertamos a la comunidad internacional y le solicitamos estar pendiente de lo que sucede en Cuba. El Comité contra la Tortura (CAT) ha mostrado preocupación porque en el país se sigan realizando “actos de repudio” y advirtió la presunta connivencia entre los hostigadores y la autoridad policial.

Que la violencia ejercida por las brigadas de respuesta rápidas constituye una violación del derecho a la libertad y seguridad personal, así como el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, reconocido en la Constitución vigente, un derecho que no admite restricciones ni suspensión en tiempos de crisis.

Recordamos al estado cubano sus obligaciones en materia de derecho humanos y que en ninguna circunstancia debe permitir reuniones o manifestaciones que promuevan la “apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. Las cuales están prohibidas por la ley.

Su obligación de cumplir con las recomendaciones que le hiciera el CAT respecto a garantizar que estos actos de represión, intimidación y hostigamiento fueran debidamente investigados y los responsables sancionados. El estado debe proteger a todas las personas de esta forma de intimidación y violencia a las que estaban expuestas por sus actividades o por el simple ejercicio de sus libertades de opinión y expresión, y sus derechos de asociación y reunión pacífica.