Durante el 2020, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión registró continuidad en el patrón de restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información pública en Cuba.

El informe anual que emite el organismo apunta que se han observado actos de amenazas, hostigamiento y persecución contra periodistas, disidentes, activistas, artistas y docentes que cuestionan al régimen o que difunden información u opiniones sobre temas de interés público. Si bien estas formas de hostigamiento no son nuevas, la CIDH y su Relatoría observan, además, que se han incrementado en el 2020 en el marco de la pandemia.

Bajo las disposiciones del Decreto-Ley 370 “ Sobre la informatización de la sociedad en Cuba”, se ampararon gran parte de las persecuciones contra expresiones críticas. Esta norma criminaliza las publicaciones en redes sociales y afectó a decenas de ciudadanos cubanos durante el año pasado.

La relatoría apunta que, además de las multas para limitar la libertad de expresión en redes, el acoso contra los periodistas independientes incluye intimidaciones contra sus familiares y decomiso de sus medios de trabajo.

El 8 de enero, por ejemplo, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y la Dirección de Inteligencia cubana allanaron la vivienda de la reportera Iliana Hernández, de CiberCuba, en la localidad de Cojímar, al este de La Habana. Según la información disponible, los oficiales tomaron varias de sus pertenencias personales, entre ellas su computadora personal y su celular.

En el segundo semestre del año el informe destaca la liberación del periodista Roberto  Quiñones, a pocos días de cumplir un año privado de su libertad.  El periodista  independiente denunció que en prisión le fueron negados “todos los beneficios” que le correspondían, además  de denunciar las condiciones de hacinamiento, mala calidad del agua y alimentos y la falta de atención médica^. El reportero de Cubanet fue condenado el 7 de agosto de 2019 por el tribunal municipal de Guantánamo a un año de prisión por los delitos resistencia a la autoridad y desobediencia. Las autoridades lo apresaron cuando intentaba reportar un juicio en su provincia de residencia.

Debe añadirse que la Relatoría Especial conoció sobre denuncias de bloqueos de determinadas aplicaciones y sitios web, además de interferencias y alteración de saldo de datos móviles por parte del gobierno. Muchos de estos hechos se dieron en un contexto de clima social agitado y convocatorias a protestas, impidiendo la comunicación y coordinación de los ciudadanos. También los cortes de internet fueron de carácter selectivo mayormente a activistas y periodistas.

 Así, por ejemplo, el 29 de noviembre se habría reportado un “bloqueo intermitente” de las redes sociales y de los servicios de internet, que estaría vinculado a los sucesos que se dieron en los días previos, entre los que se destacan el desalojo y detenciones de activistas, que permanecían encerrados y en huelga a modo de protesta, en la sede Movimiento San Isidro y la manifestación de  artistas frente al Ministerio de Cultura.

En el informe que puede descargar en este link la CIDH y su relatoría desglosan los actos contrarios a la libertad de expresión que afectaron a la ciudadanía cubana durante el 2020.