Estimados comisionados y comisionadas, mi nombre es Laritza Diversent. Soy la directora de Cubalex.

Desde el mismo 11 de julio, en colaboración con el Grupo de trabajo Justicia 11J hemos registrado las detenciones de 1130 personas de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad. Varias personas excarceladas denunciaron actos de tortura y malos tratos entre los que se pueden mencionar golpizas, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual y uso de canes para amedrantar. Fueron obligados a desnudarse y gritar consignas a favor de la “revolución” como “Viva Fidel” y “Viva Díaz Canel”.

Según nuestro registro, al menos 33 personas se contagiaron con COVID-19 durante su estancia en prisión, debido a las condiciones higiénicas lamentables y el hacinamiento en las celdas. Nos preocupan las personas recluidas con padecimientos crónicos, incluido el VIH; estas personas han denunciado negación de acceso a medicamentos. Llamamos la atención sobre la situación de 5 personas con discapacidad recluidas, que requieren regularmente tratamiento psiquiátrico. 

Varios de los manifestantes fueron sometidos temporalmente a desapariciones forzadas. Cubalex tuvo constancia de 40 personas sobre las que las autoridades negaron información del lugar en el que se encontraban detenidas. Tuvimos acceso 12 respuestas de los tribunales en las que nunca se pronunciaron sobre esta grave violación, una práctica sistemática dentro de Cuba que debe monitorearse para evitar su expansión y agravamiento.  

Nos preocupa la situación de invisibilidad hacia determinados grupos sociales en situación de vulnerabilidad por la falta de acceso a información sobre la situación de los detenidos y el temor de los familiares a denunciar. Si bien algunos de estos grupos no son los más representativos, la represión contra ellos ha sido desproporcionada para provocar efecto ejemplarizante en sus comunidades. Alertamos que la pertenencia a grupos de la sociedad civil percibidos como críticos al gobierno, ha sido determinante para la imputación de cargos que conlleva severas sanciones . 

Nos preocupan los efectos de la represión en la juventud y la adolescencia. Al menos 326 personas, tienen edad entre los 14 y 30 años. Aún permanecen 159 privadas de la libertad, entre ellos 2 menores de 16 años que se encuentran en centros correccionales y 8 mayores de 16 y menores de 18 que  continúan recluidos. En estos casos el Estado ha incumplido su obligación de aplicar los estándares sobre justicia en menores. 

Se registraron 13 personas entre 60 y 75 años que fueron detenidas y 6 permanecen aún privadas de la libertad, entre ellas, los activistas políticos Carlos Manuel Pupo Rodríguez y Félix Navarro, de 67 y 68 años respectivamente. 

Hemos registrado la detención de 185 mujeres, de las cuales 61 aún permanecen privadas de la libertad. Llamamos la atención sobre la situación de madres solteras en las que no se ha tenido en cuenta su situación familiar, especialmente las que tienen a su cargo hijos menores u otros familiares que requieren cuidados especiales. 

Según los datos obtenidos, de los casos registrados como personas afrodescendientes el 24% fueron excarcelados, comparados con un 40% de las personas de piel blanca. En una situación parecida se encuentran 5 personas que tienen de forma real o percibida una orientación sexual y/o una identidad de género diverso. 

Igualmente preocupante resultan las agresiones que recibieron las y los periodistas durante las coberturas en las protestas, para obstaculizar el flujo de información.  Se registraron agresiones contra 18 periodistas, 5 mujeres y 13 hombres, de 8 medios de comunicación independientes y en diversas provincias. Si bien fueron liberados, la mayoría están sujetos a un arresto ilegal domiciliario de manera reiterada, situación que se agrava con el cortes selectivos y deliberados del servicio de internet. 

Por último, alertamos sobre el sistema normativo implementado por el gobierno para limitar la libertad de expresión en el espacio digital. Después de las protestas del 11 de julio se puso en vigor el Decreto Ley No. 35, que legaliza los cortes masivos de acceso a internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet. Bajo estas normativas, la trasmisión en vivo de manifestaciones o las convocatorias online de protestas pueden ser calificadas como Difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social.  Muchas gracias.