Por: Justicia 11 y Cubalex
Cubalex y Justicia 11J hemos observado el aumento de eventos represivos contra activistas, opositores, periodistas y familiares de personas en detención por motivos políticos. Entre el día 26 de abril y las 6 pm de hoy, 1 de mayo, hemos documentado un total de 80 eventos, desglosados de la siguiente manera:
Citación/interrogatorio: 12
Vigilancia/cerco policial: 28
Detenciones: 13
Desaparición forzada: 5
Advertencia en vivienda: 8
Multa: 3
Otras formas represivas: 11
A partir de los testimonios de las víctimas, hemos constatado que este despliegue estuvo mayormente relacionado con la preocupación del Estado porque la tradicional celebración del Día Internacional de los Trabajadores, en las distintas provincias del país, podía haber sido “desestabilizada” por la presencia en las calles de las voces disidentes, en un contexto cada vez mayor de descontento popular y de pérdida del poder simbólico de la autoridad. A esto se suman las acciones en relación con dos eventos de protesta pública que en los últimos días han tenido lugar en La Habana. El primero (día 27), protagonizado por familiares de tres de los menores de edad sancionados con altas penas privativas de libertad por su participación en las protestas de julio. El segundo (día 28), protagonizado por el activista Carlos Ernesto Díaz González (Ktivo Disidente), quien permanece en detención. Aun cuando el primero de los eventos mencionados fuese frustrado por la presencia de la policía política en las inmediaciones del lugar pactado para la protesta, las organizaciones firmantes lo señalamos como un hito en el camino hacia la canalización de los reclamos de libertad en el espacio público, por parte de los familiares de los manifestantes. Así mismo, señalamos la respuesta estatal en función de impedir futuros eventos similares, a través de la detención en la 11na unidad de la PNR, en San Miguel del Padrón, de los familiares movilizados: Yanaisy Curbelo (madre del menor Brandon David Becerra), Rolando Castillo (padre del menor Rowland Castillo) y Maylín Fajardo (madre del menor Lázaro Noel Urgellés). En el primer aniversario de la Manifestación en la Calle Obispo del 30 de abril de 2021, en la que fueron detenidas 13 personas que expresaban su solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara y debieron enfrentar hasta 8 meses de arbitraria privación de libertad, las organizaciones firmantes de este informe señalamos cómo ha ido en aumento la pujanza de la sociedad civil cubana en la lucha por la recuperación del espacio cívico. Y en este sentido, remarcamos la constancia de activistas como Ángel Cuza, Manifestante de Obispo, quien estuvo en detención desde el día 28, cuando se presentara a una citación para ser entrevistado por oficiales de la Seguridad del Estado, hasta la tarde de hoy. Así mismo, observamos con inquietud la libre interpretación de los delitos tipificados en el Código Penal Cubano, por parte de la policía política. En particular, el uso desmesurado del delito de sedición, que recientemente ha sido puesto en relación directa con la libertad de expresión que, lejos de ser un delito, constituye un derecho fundamental, contemplado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba.
Recordamos que, por la comisión del supuesto delito de sedición, 169 manifestantes de julio pudiesen cumplir hasta 30 años de privación de libertad (según la norma presente hasta la fecha), y por el que próximamente (al aprobarse el anteproyecto de Código Penal este 14 de mayo), los ciudadanos cubanos pudiésemos ser sancionados a cadena perpetua, o hasta la pena de muerte (artículo 121 a). Denunciamos la práctica de la desaparición forzada, que en los días comprendidos en este informe ha sido documentada en 5 ocasiones, así como la manipulación de la verdad represiva de la isla que el Estado cubano sostiene ante mecanismos internacionales como el Comité Contra la Tortura (CAT), ante el cual recientemente negó, una vez más, que en Cuba se practicase este delito internacional, violatorio de los más elementales derechos humanos.También, denunciamos la violencia política ejercida contra mujeres. Del total de los eventos registrados (80), 30 fueron practicados contra ellas. Condenamos el evento de violencia física contra la enfermera, miembro del Gremio Médico Cubano Libre, Welsimys Cruz Pérez, quien en horas de la mañana de hoy fuese agredida, hasta sangrar, por cinco oficiales de la policía política. Una similar concentración de eventos represivos en apenas pocos días había sido documentada por Cubalex y Justicia 11J en noviembre del pasado año, en relación con la convocatoria a marcha pacífica, en el contexto de la Jornada Cívica por el Cambio. En aquellos días, 93 personas resultaron detenidas, 8 de ellas, hasta hoy. Reiteramos nuestro compromiso con el reclamo de la libertad inmediata, la absolución y el sobreseimiento de las personas detenidas por razones políticas. Continuaremos nuestro trabajo de documentación, denuncia y acompañamiento, así como el apoyo a familiares y otros actores de la sociedad civil. Como Ktivo Disidente, entendemos que “todos los cubanos tienen derecho a participar en la vida política del país.
