Por: Giselle Camila Morfi

La única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en Cuba el 2018, donde murieron 112 personas, hizo la primera directa de su vida para denunciar la falta de insumos y medicamentos para poder atender su estado de paraplejia. La desprotección institucional frente a su delicada situación fue el centro de la denuncia a través de las redes sociales: “Te subes un día a un avión y al otro día tu vida cambia” y lamentó que en medio de las dificultades que enfrenta y “dentro de la tristeza”, las autoridades no hagan nada por ofrecerle una existencia “más cómoda y que no te hagan la vida más amena”.

El Estado tiene la obligación de asegurar la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas, y especialmente de aquellos grupos vulnerables y personas más necesitadas, como el caso de Mailen, a quien tiene la obligación específica de reparar por los daños ocasionados a consecuencia del accidente.
El Estado está obligado a tomar medidas razonables hasta el máximo de los recursos que disponga para cubrir sus necesidades médicas.
Si no hay recursos para comprar el medicamento, los guantes y la sonda que ella necesita, pero sí para reprimir, para la vigilancia, para pagar los salarios y la gasolina de los represores, para usar una herramienta que vale 9 600 dólares al año, como mínimo, y también para el reloj de lujo marca TAG Heuer, de 1 750 dólares del presidente Diaz Canel; eso no es nada razonable. Significa que el gobierno cubano invierte mucho dinero en el control social y la supervivencia de la dictadura.
Las personas tenemos derecho a un nivel de vida adecuado y el Estado tienen la obligación de garantizarlo