Cubalex condena oleada de amenazas, coacción y tortura psicológica contra periodistas independientes en Cuba

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Ilustración: Mary Esther Lemus Cordero

Desde Cubalex condenamos y miramos con preocupación las amenazas y coacciones contra periodistas jóvenes que trabajan en medios de prensa independientes dentro Cuba. Recordamos al Estado cubano que debe abstenerse de realizar cualquier acto que sea constitutivo de torturas y malos tratos a través de sus órganos y agentes, prohibiciones absolutas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Intrenacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas y Degradantes. 

Las declaraciones públicas de renuncias no son espontáneas. Todas contienen expresiones como: “Bajo presiones y chantajes nos hemos visto forzados a cesar nuestro proyecto”, “me voy porque otros me obligan”, “no se me permitirá salir del país hasta cumplir ciertas condiciones exigidas por la Seguridad del Estado”. Los fragmentos anteriores demuestran la presión de agentes del Estado para que estas personas dejen de ejercer su profesión como periodistas independientes, un acto de censura y violación de la libertad de expresión, opinión y prensa. 

De esta forma las autoridades cubanas incurren en los delitos de abuso de autoridad y de tortura regulados en el Código Penal, cuando provocan sufrimiento mental, intimidan y coaccionan a los periodistas con el fin de obtener una confesión, información, que renuncien a sus puestos de trabajo y castigarlos por el ejercicio de su profesión, contrario al principio de no discriminación. Cabe destacar que la tortura es un delito tipificado en el Código Penal, que fue aprobado el pasado 1 de septiembre de 2022 por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y aún no entra en vigor.  

Algunos de estos periodistas han alegado que renuncian no solo por su salud mental y la de su familia, sino porque no quieren ver comprometido su derecho a la libre circulación, específicamente su derecho a salir del país.

“Me voy porque otros me obligan. Me obligan a irme de El Toque y a no trabajar en otro medio alternativo, y guardar, casi por ende, mi título bajo un colchón. Frente a esa fuerza mayor que está ahora mismo poniendo en jaque mi derecho a salir del país y mi bienestar, he preferido anteponer mi libertad y mis sueños personales y familiares.”

“Me voy porque, egoísta y cobardemente, priorizo mi salud mental y el bienestar de mi familia. Me voy para tener el derecho a la libre circulación. Me voy porque no quiero volver a ver a mi abuela con la presión en las nubes, ni las lágrimas de mi padre o la depresión de mi madre. Me voy porque antepongo mi futuro y mis sueños de una vida mejor y más libre, escribieron dos de los reporteros.”

El Estado viola el derecho a la libertad de movimiento regulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Constitución cubana, específicamente el derecho a salir del país.

Es una práctica sistemática y generalizada que los agentes del Estado utilicen diligencias de investigación previstas en la Ley del Proceso Penal, como las citaciones y los interrogatorios para reprimir, amenazar y torturar a estas personas. Es decir, aprovechan la discrecionalidad de las normas para la arbitrariedad. 

La amenaza es otro de los delitos de la ley penal en el que incurren las autoridades que obligan a dichos ciudadanos a inhibirse de realizar actos que no están prohibidos por ley y sí reconocidos como derechos constitucionales como: el derecho al trabajo, a la libertad de prensa y expresión, el derecho a una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad. 

El principio de legalidad se viola y los responsables quedan impunes porque el Estado no cumple su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar para garantizar la no repetición de estos actos violatorios de los derechos humanos. También se evidencia una instrumentalización del derecho penal por parte del Estado, cuando sus agentes amenazan a los periodistas con aplicarles el nuevo Código Penal, que aún no está vigente. 

Cuando se le impide a un periodista ejercer su trabajo, no solo se vulnera la libertad de prensa, sino que se afecta el derecho de acceso a la información de toda la sociedad.