Las organizaciones que respaldamos el siguiente pronunciamiento manifestamos nuestra preocupación por el creciente clima de hostilidad, abusos y detenciones arbitrarias hacia quienes se han manifestado pacíficamente en Cuba, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.
Tras el paso del huracán Ian el 27 de septiembre, la interrupción del servicio de energía eléctrica en toda la isla provocó una serie de manifestaciones espontáneas para su restablecimiento, demanda a la que se sumó la petición de agua, y entre otras, resonó con fuerza el reclamo de libertad, por una ciudadanía vejada en sus derechos fundamentales. De acuerdo con Proyecto Inventario, se han identificado 55 protestas desde el 29 de septiembre, ocurridas en 4 provincias, la mayoría en La Habana. Ante ello, Díaz-Canel criminalizó a las personas manifestantes, aseguró que “esas situaciones se atenderán con el rigor de las leyes” y recurrió a acciones de disuasión y represión hacia la población que salió a las calles.
Es así que se realizó el despliegue de agentes de la Seguridad del Estado, Brigadas de Respuesta Rápida, muchachos del servicio militar activo, funcionarios estatales y otros que se presentaron en puntos donde se encontraban las personas manifestantes para confrontarlas. En este contexto la iniciativa Justicia 11J ha podido registrar 28 detenciones arbitrarias de manifestantes, permaneciendo 20 en detención, y al menos dos fueron brutalmente golpeados.
Este proceder del Estado no es aislado, sino que forma parte de un patrón de respuesta a las protestas públicas, observado por varias organizaciones de defensa de derechos humanos. Entre las manifestaciones reprimidas violentamente en Cuba, han sido especialmente documentadas la que tuvo lugar en la calle Obispo, en La Habana, el 30 de abril de 2021, y las manifestaciones desarrolladas en el contexto del 11 de julio de 2021. Este sistemático proceder conduce a la prisión política y, como consecuencia, organizaciones como Prisoners Defenders destacan el enorme crecimiento de ésta, que ya supera los 1,016 prisioneros políticos en Cuba.
Además, fue posible conocer a partir de información expuesta por Proyecto Inventario de la interrupción del servicio de internet en Cuba en dos ocasiones. Uno del 29 de septiembre en la noche al 30 en la madrugada, y otro del 30 en la noche al 1o en la madrugada. Hasta la fecha, ETECSA, monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, no ha dado cuenta de las razones por las que cesó el servicio, sin embargo, una de sus trabajadoras admitió que hubo “interrupción del servicio a nivel nacional“.
Para las organizaciones firmantes es inadmisible la intimidación y la violencia física ejercida hacia quienes se manifestaron en los días pasados. Denunciamos el uso de la violencia extrema contra manifestantes, artistas, gestores culturales, activistas y otras personas que salieron a la calle para ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión El uso recurrente de personal perteneciente a las corporaciones de seguridad formales y la irrupción de personas vestidas de civil armadas para reprimir a quienes protestan en Cuba, no hace sino establecer un ambiente adverso y peligroso para el ejercicio del derecho de reunión y manifestación de la ciudadanía.
En este mismo sentido, la interrupción del servicio de internet constituye un atropello al derecho de la población cubana a mantenerse informada sobre los acontecimientos y a emitir contenidos de los mismos libremente. Es necesario recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “las limitaciones en el acceso a internet, incluyendo las desconexiones totales o parciales, la ralentización de internet, los bloqueos temporales o permanentes de distintos sitios y aplicaciones, antes durante o después de reuniones pacificas constituyen restricciones ilegitimas a los derechos de asociación y reunión”.
Respecto a esta nueva coyuntura de protestas y represión por parte del Gobierno cubano, recordamos también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados están obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos que se ejercen durante manifestaciones y protestas así como implementar medidas y mecanismos para que estos puedan practicarse sin obstáculos.
De la misma forma, las “Recomendaciones al Poder Ejecutivo y autoridades políticas” de la CIDH han señalado con claridad que: “Las autoridades deben privilegiar el diálogo y la negociación en la gestión de cualquier modalidad de protesta, y no acudir al recurso de la fuerza durante manifestaciones, ocupaciones o protestas, excepto cuando sea absolutamente necesario” y subraya que “en ningún caso se deberá hacer uso indiscriminado de la fuerza en el contexto de protestas”.
Ante ello, las y los firmantes reivindicamos el derecho que tiene el pueblo cubano a demandar, por la vía de la protesta pacífica, la solución a la falta de servicios elementales, y sobre todo, a participar en los asuntos públicos de su país.
Por esto, demandamos al gobierno de Cuba, presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el cese de todo acto de intimidación, de agresión y violaciones a los derechos humanos de las personas que se han manifestado, la liberación inmediata de quienes permanecen detenidas y abstenerse de utilizar la suspensión del servicio de internet como una herramienta de control en este contexto.
Firman:
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Artists at Risk Connection (ARC)
Asociación Nacional de la Prensa
Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo (CELIDE)
Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre)
Cubalex
Fundamedios
Hypermedia Magazine
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa
Instituto Prensa y Libertad de Expresión
Instituto Prensa y Sociedad Perú
Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
Justicia 11J
Organización Mundial Contra la Tortura
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