El miércoles 9 de noviembre la abogada de Cubalex Giselle Morfi participó en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) para visibilizar la represión estatal en Cuba contra la protesta social.

Morfi señaló en este foro internacional que la protesta sigue siendo uno de los derechos humanos más criminalizados en la Isla, junto a la libertad de expresión, reunión, libertad de movimiento y derecho a la igualdad y no discriminación.

“El escenario de pobreza, hambre, apagones, falta de atención médica, abusos de poder y crisis generalizada que afecta los derechos económicos sociales y culturales, obliga a las personas a ejercer el derecho a la protesta, y estas son fuertemente reprimidas bajo diferentes actos de hostigamiento como parte de la respuesta estatal”, explicó.

La abogada recordó que durante octubre, según el informe mensual de la organización, se registraron 60 incidentes de privación de libertad contra manifestantes antigubernamentales, siendo este el castigo más severo empleado por el Estado para neutralizar las protestas.

Otros incidentes de hostigamiento que más se repitieron en el país en el trimestre de agosto-octubre fueron la detención arbitraria, amenaza y hostigamiento y la discriminación por razones de orientación y/o afiliación política. En el mes de octubre se registraron 138 incidentes con 33 tipologías, lo que confirma una política de Estado autoritario.

Mencionó el caso de los hermanos Frank Artola Plasencia y Hillary Gutiérrez Plasencia, de 18 y 26 años respectivamente, quienes se encuentran detenidos desde hace más de un mes por manifestarse el 1 de octubre en el Vedado, La Habana, y los Habeas Corpus presentados para denunciar sus arrestos arbitrarios fueron denegados por la Fiscalía.

Por otro lado, los jueces garantizan impunidad a los agentes responsables y los altos funcionarios amenazan con la aplicación del nuevo Código Penal a las personas que cometen “indisciplinas sociales” -refiriéndose a las protestas- haciendo énfasis en sanciones severas, como lo hizo Licet Pavón Machado, Fiscal Jefa del departamento de Procesos Penales de la provincia Las Tunas y fue trasmitido por medios de comunicación oficiales.

“La represión en Cuba sigue siendo sistemática y generalizada, nadie escapa de ella, pero las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas independientes y opositores son las que más violencia sufren (…) Las autoridades cubanas restringen indebidamente el derecho a la protesta sin demostrar su legalidad, necesidad y proporcionalidad. Violan derechos fundamentales y atropellan la dignidad del ser humano, mientras los recursos internos continúan siendo ineficientes, ineficaces y desgastantes”, concluyó Morfi.