El 27 de noviembre de 2022 tuvieron lugar las elecciones municipales en Cuba para elegir a los delegados de circunscripción. Cubalex monitoreó la situación de derechos humanos durante la jornada electoral, marcada principalmente por la violación del derecho a la participación política.  

Los datos recopilados por nuestra organización demuestran que las autoridades cubanas siguen empleando las diligencias de investigación penal, previstas en la ley, como instrumento represivo. Nuestro equipo registró 26 incidentes de represión en siete de las 15 provincias del país, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Donde más casos se reportaron fue en La Habana (12) y Matanzas (7).  

De los 13 incidentes de hostigamiento identificados por Cubalex, con  34 víctimas (20 mujeres y 14 hombres) destacan los que obstaculizaron la participación política, las detenciones arbitrarias, los operativos de vigilancia y los cortes selectivos de Internet. 

En al menos dos eventos relacionados con el ejercicio de los derechos políticos no fue posible registrar víctimas. El primero, también relacionado con cortes selectivos de Internet a activistas pro democracia que pretendían realizar observación electoral y el  segundo con el control y amenazas a profesionales de la salud para que informaran cuando fueran a votar, a través de mensajería privada.   

La represión estuvo centrada en impedir la observación electoral, pese a que no existe prohibición legal para ello. Al menos 13 personas fueron hostigadas mediante operativos de vigilancia y reclusión domiciliaria; entre ellos Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro y Juan Antonio Madrazo Luna. 

También las autoridades violaron el acceso a la información sobre los comicios con cortes selectivos de Internet a periodistas independientes como Anay Remón(Cubanet), Jorge Enrique Rodríguez y Boris González Arenas (ambos de Diario de Cuba).   

Los familiares de los presos políticos del 11J fueron amenazados con el traslado de sus hijos hacia prisiones alejadas y con “perjudicarlos en el juicio” si hacían publicaciones contrarias a las elecciones, como es el caso de Migdalia Rodríguez, Zaily Nuñez, Bárbara Farrat y Orlando Ramírez.

Fueron reprimidas las Damas de Blanco, entre ellas las líderes de La Habana y Matanzas Berta Soler y Leticia Ramos, quienes fueron detenidas tras expresar públicamente su decisión de no votar. Se empleó la técnica de tortura conocida como “patrulla horno” durante el traslado de Norma Cabrera. En otros casos, las autoridades organizaron operativos de vigilancia para impedirles asistir a misa.  

Dentro de las denuncias en redes sociales destacó la postulación de Leandro Miguel González Pérez de la Seguridad del Estado. El agente fue exhibido anteriormente como represor violento que agredió a la activista Saily González en Santa Clara.  

La represión en la jornada electoral del 27 de noviembre de 2022 estuvo dirigida a impedir la participación política de activistas pro democracia, en especial el ejercicio del derecho a la observación y monitoreo de los comicios electorales. 

La observación electoral se deriva del derecho a la participación política reconocida en el artículo 80 y los inciso b) y h) del artículo 101 de la Constitución. No está prohibida en la ley electoral ni el Código Penal, pero tampoco existen regulaciones sobre cómo debe realizarse. 

Cubalex recuerda al gobierno de Cuba que todos los ciudadanos sin distinción por motivos de opinión política, tienen derecho a controlar la forma en que los funcionarios del Estado ejercen el gobierno de la República y la obligación de estos órganos de someterse a ese control.