Cuando la víctima acude a instituciones del Estado y los funcionarios abusan de su autoridad e incumplen con su obligación de protegerla, se considera violencia institucional. Se pone de manifiesto tanto por actos como por omisiones que discriminan, dilatan, o impiden que la víctima ejerza sus derechos.
Para muchas víctimas es más fácil reconocer esta violencia cuando son agredidas físicamente, sin embargo, cuando el instructor penal no abre un expediente para investigar los hechos que la víctima denuncia, sino que resuelve poniendo una multa de escaso valor al agresor; o la víctima es agredida por su expareja y el instructor no pone una medida cautelar adecuada al agresor para evitar que tome represalias por ésta haber denunciado, también sufren violencia institucional.
Otra forma se evidencia cuando los policías obligan a trabajadoras sexuales a tener sexo con ellos o a entregarles dinero a cambio de no ser denunciadas y sancionadas.
Las instituciones de salud pública también incurren en violencia institucional. Por ejemplo: el Instituto de Medicina Legal no hace un reconocimiento médico completo y detallado a la víctima para valorar el daño corporal y psicológico producido como consecuencia de la agresión. Igualmente durante el parto, los médicos violentan a las madres tanto física como psicológicamente, lo que se considera violencia obstétrica. Al respecto, el Estado de México también reconoce como violencia institucional la indiferencia y discriminación que padecen las mujeres.
¿Quiénes ejercen violencia institucional?
- Policías
- Instructores
- Fiscales
- Jueces
- Médicos
- Registradores
- Notarios
- Autoridad penitenciaria
La violencia de género institucionalizada puede dar lugar a la impunidad, criminalización de la víctima y su revictimización. Puede dejar secuelas físicas, psicológicas y emocionales. Algunos casos terminan en suicidios por la falta de confianza en las instituciones del Estado para protegerlas.
