Este informe es un corte parcial en la investigación iniciada por Cubalex en colaboración con Justicia 11J y el primer acercamiento al análisis del uso del derecho penal por parte del Estado cubano para restringir y, en muchos casos, impedir el ejercicio de los derechos humanos a las personas bajo su jurisdicción. Parte de un repaso breve por la historia constitucional para analizar los mecanismos legales utilizados para proteger el orden constitucional y su intangibilidad, así como su relación con las protestas del 11 de julio de 2021, mediante el análisis de los documentos oficiales emitidos en los procesos judiciales seguidos contra 182 personas sancionadas por sedición, en las provincias de La Habana, Matanzas y Holguín. Aborda el contexto antes, durante y después de las protestas de julio de 2021, los hechos que los tribunales dieron por probados, las valoraciones de las pruebas de cargo y la argumentación del delito de sedición como uno de los que protege a la Seguridad del Estado.
Al día de hoy están vigentes la pena de confiscación y de muerte por causas políticas, no se han restaurado las garantías básicas del debido proceso y discrimina a toda persona que no cumpla o esté en desacuerdo las decisiones políticas o económicas del grupo en el poder. El derecho penal y los tribunales de justicia son una herramienta de control de la ciudadanía. Las protestas son consideradas actos sediciosos.
Todas las sentencias analizadas estuvieron impregnadas de un lenguaje estigmatizante y discriminatorio por razones políticas y de raza. Las pruebas incriminatorias no eran suficientes para demostrar la participación de las personas sancionadas en acciones violentas que les imputaron, más allá de la duda razonable. Los testigos en su mayoría fueron agentes del Estado quienes además resultaron ser las víctimas. Los tribunales omitieron referirse a la orden dada por los superiores para impedir el ejercicio de un derecho constitucional. Tampoco mencionaron las acciones realizadas por los agentes del Estado con este propósito, la muerte de Diubis Laurencio Tejeda a consecuencia de un disparo y la intervención de particulares vestidos de civil que actuaron con violencia. Estos, bajo las órdenes de los agentes del Estado, cometieron graves violaciones cometidas, entre ellas la desaparición forzada de carácter temporal y las torturas durante la detención.
El tribunal apoyó las conductas abusivas desde el poder político y garantizó la impunidad. Hasta el momento no se ha abierto una investigación para juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las causas que provocaron el estallido social del 11 de julio de 2021 continúan vigentes en la actualidad.
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