El presente informe aborda un repaso breve por la historia constitucional para analizar los mecanismos legales utilizados para proteger el orden constitucional y su intangibilidad, así como su relación con las protestas del 11 de julio de 2021, mediante uso de la ley penal como herramienta de represión.
Se trata de la confirmación de que hemos transitado de una dictadura a otra desde el golpe de Estado de Fulgencio Batista hasta nuestros días y que el derecho penal y los tribunales de justicia son una herramienta de control de la ciudadanía. Hoy están vigentes la pena de confiscación y de muerte por causas políticas. No se han restaurado las garantías básicas del debido proceso y se discrimina a toda persona que incumpla o esté en desacuerdo con las decisiones políticas o económicas del grupo en el poder. La investigación continuará con el análisis individualizado de los casos de personas sancionadas por motivos de opinión política. Estos hallazgos se publicarán próximamente en otro informe.
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