En el programa Empodérate cubano, transmitido el miércoles 24 de enero, la periodista Iliana Hernández conversó con la abogada y directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent, sobre el derecho a la defensa en Cuba, específicamente sobre cómo impacta la ausencia de comunicación entre abogados y clientes a las personas privadas de libertad y su derecho a acceder a un proceso legal justo. 

La negación de comunicación constituye una violación flagrante al derecho de acceso a la justicia. Cubalex ha constatado que algunos abogados y abogadas se niegan a proporcionar información a sus clientes, lo cual va en contra de los derechos establecidos en la Constitución y sus obligaciones legales. Esta conducta se vuelve cada vez más frecuente en Cuba, sobre todo en situaciones que involucran a personas sancionadas por motivos políticos, lo cual podría ser resultado de presiones ejercidas por la Seguridad del Estado. 

Foto: Captura de pantalla de la transmisión en vivo del espacio “Empodérate cubano”, que conduce la periodista Iliana Hernández. 

El análisis comienza identificando la independencia limitada de los abogados en Cuba, destacando que esta situación ha sido incluso cuestionada por organismos internacionales. “En el proceso penal, se señala la importancia de tres partes: la acusación (representada por la Fiscalía), el acusado (con su abogado) y la del Tribunal, que debe ser independiente e imparcial. Sin embargo, en el contexto cubano, la independencia de los abogados se ve comprometida, ya que deben seguir las directrices de sus superiores y no pueden tomar decisiones autónomas”, explica la abogada.

Diversent destacó la necesidad de mantener la comunicación constante entre abogados y clientes para garantizar una defensa justa. “El abogado no sólo interviene en el juicio, sino que debe informar al cliente sobre el proceso desde el inicio, incluyendo la fase preparatoria y las pruebas presentadas en su contra. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre estas funciones legales lleva a que, en el caso de Cuba, los contratos con abogados se realicen específicamente para la representación en el juicio, evidenciando un desconocimiento generalizado de las responsabilidades del abogado”.

En casos políticos -explica- la Seguridad del Estado interviene en la relación abogado-defendido, generando temor por las represalias, como la pérdida de empleo o persecuciones. “Esto limita la capacidad de los abogados para defender eficazmente a sus clientes. Además, la única organización legalmente autorizada para representar a los ciudadanos tiene un compromiso ideológico con el Partido Comunista, lo que plantea un posible conflicto de intereses entre la defensa del ciudadano y los objetivos del Estado”. 

Un punto importante en este análisis es la ausencia de libertad para elegir libremente un abogado, “ya que los ciudadanos están obligados a seleccionar abogados asociados a la organización con compromisos ideológicos. Esto crea un conflicto de interés, ya que la misma organización que defiende a los acusados también está afiliada ideológicamente al Estado acusador”.

La falta de independencia de los abogados, la limitada comunicación con los clientes y las restricciones para elegir representación legal son otros elementos que generan importantes desafíos en el ejercicio del derecho a la defensa en Cuba, especialmente en casos políticos, afectando la equidad y la justicia en el sistema legal cubano. 

Por ejemplo, para disponer de un abogado durante un interrogatorio, es necesario establecer un contrato previo para su representación en el proceso penal. “Cuando te citan para un interrogatorio, no hay un número de proceso penal ni imputación definida. En este sentido, la falta de datos sobre el proceso dificulta la contratación de un abogado, especialmente cuando la citación es repentina y no permiten contactar a familiares. Aunque la ley establece el derecho a un abogado desde el momento de la detención, en la práctica cubana, el diseño del proceso penal dificulta la intervención oportuna del abogado”.

Diversent hace especial énfasis en que la falta de transparencia y la retención de información afectan el derecho a la defensa, dejando a los clientes desinformados sobre su propio caso. Los abogados, en ocasiones, se niegan a dar información sobre el proceso penal, contradiciendo su papel de defensores. Esta situación se acentúa en casos  de prisioneros políticos, donde la intervención de la Seguridad del Estado limita la independencia de los abogados, generando miedo a represalias y pérdida de empleo.

En este sentido, se presentó el caso de Yanet Pérez Quevedo, una prisionera política que denunció el mal trabajo de su abogada, Yanisdey Cruz Martín, a quien contrató en abril de 2023 con el fin de gestionar una licencia extrapenal debido a un trastorno de la personalidad que padece y varias enfermedades crónicas. No obstante, la abogada no proporcionó ninguna respuesta a su caso, evidenciando la falta de comunicación y diligencia, lo que afectó  gravemente el derecho a la defensa de la presa política.

La denuncia explica con claridad la violación de derechos entre abogados y clientes. Hace unas semanas Yanet Pérez Quevedo expuso públicamente a su abogada por negarle la comunicación e información sobre su caso. Como consecuencia, fue intimidada en prisión por las autoridades. Según explicó, la directora del penal Granja 5, en Camagüey, le informó que había incurrido en una indisciplina grave y por este motivo perdería sus beneficios, incluido el paso a un régimen de mínima severidad. Además de esta amenaza, le retiraron el acceso a medicamentos que requiere para tratar su condición de salud. 

La denuncia sobre la abogada Yanisdey Cruz Martín no es un asunto aislado. Cruz Martín también es la encargada de representar a la prisionera política Aniette González y, según información proporcionada a Cubalex, la abogada tampoco responde las llamadas telefónicas de González desde prisión, ni las de su hija. 

Este caso revela la falta de independencia entre las instituciones del Ministerio del Interior en Cuba, ya que la denuncia contra la abogada repercute en medidas disciplinarias dentro de la prisión. Se destaca la discrecionalidad en la aplicación de derechos reconocidos por la nueva Ley de Ejecución Penal cubana, como el cambio de régimen de progresión, señala Diversent.

Por ello -insiste Diversent- es importante conocer y proteger los derechos de las personas privadas de libertad al realizar denuncias. “Se sugiere que las denuncias se hagan de manera anónima para evitar represalias adicionales por parte de las autoridades penitenciarias”.

Laritza advierte sobre la adversidad del sistema legal hacia los presos políticos y la necesidad de una protección más efectiva de los derechos de los denunciantes, especialmente en un entorno donde las represalias son una realidad constante. La abogada enfatizó en  la importancia de que los abogados actúen de manera ética y cumplan con su deber de defender a sus clientes. 

Antes de concluir, la directora de Cubalex enfatizó la importancia de denunciar conductas indebidas, ya que el silencio sólo perpetúa el abuso. Recomendó a las personas utilizar los canales apropiados para presentar quejas, incluso de forma anónima, y destacó la necesidad de documentar cada paso del proceso.

El programa culminó con un llamado a la acción y a la concientización sobre las violaciones evidentes de los derechos humanos en Cuba. Se subrayó la colaboración comprometida de abogados, fiscales y otros funcionarios como el pilar que sostiene y perpetúa el sistema. Más que nunca, se hizo hincapié en la imperiosa necesidad de exponer estas prácticas, ya que únicamente a través de la visibilización y la denuncia se podrá construir el camino hacia una Cuba futura donde la justicia y la libertad no sean aspiraciones, sino realidades tangibles.