En una audiencia temática sobre Cuba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones denuncian el recrudecimiento de la represión estatal, las violaciones de derechos humanos y exigen acciones urgentes para apoyar a la sociedad civil independiente en Cuba.

Una coalición de 13 organizaciones internacionales y de la sociedad civil independiente de Cuba presentó este 29 de febrero, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el informe Cuba: derecho a la libertad de asociación con el propósito de visibilizar el recrudecimiento de la represión estatal contra las organizaciones de derechos humanos dentro de la Isla.

Durante el periodo de análisis, entre 2022 y 2023, se registraron un total de 5.685 actos de represión estatal contra la población. De estos, 2.713 afectaron a uno o varios miembros asociados o que forman parte de organizaciones de la sociedad civil independiente, y representaron el 47,72% de las agresiones. Las acciones contra las organizaciones de derechos humanos dejaron, según el registro, 3.732 víctimas.

La violencia estatal en Cuba sigue un patrón sistemático de represión: detenciones arbitrarias, citaciones e interrogatorios, vigilancia, amenazas y acoso. Se observa la negación derechos básicos y atención médica en prisión, maltratos físicos, manipulación del sistema judicial, censura y restricciones de la comunicación, y la represión de la libertad religiosa y de movimiento. Las consecuencias de la represión que viven las personas defensoras de derechos humanos son devastadoras: organizaciones disminuidas por la persecución estatal y decenas de activistas forzados al exilio por el acoso constante de la Seguridad del Estado. 

Laritza Diversent, directora de Cubalex, explicó en su intervención que el Estado cubano emplea una variedad de estrategias sistemáticas destinadas a desmantelar las organizaciones de la sociedad civil independiente, “enfocándose en la imposición de restricciones operativas y legales”. “Esta táctica se manifiesta principalmente en la neutralización del liderazgo”, con el propósito de desmovilizar y debilitar a las organizaciones mediante el aislamiento y silenciamiento de sus figuras líderes más representativas, a través de campañas de difamación, acciones legales arbitrarias, detenciones y actos de violencia.

Diversent hizo especial énfasis en la ausencia del Estado cubano en la audiencia, un acto que revela su falta de compromiso con el diálogo y la mejora de la situación de los derechos humanos en la Isla. Además, realizó un llamado en nombre de las organizaciones presentes a reconocer la gravedad de la situación en el país y solicitó el apoyo de la Comisión en la promoción de soluciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y permitan el desarrollo de una sociedad civil fuerte e independiente en Cuba.

El informe presentado también reveló que en el periodo, 102 organizaciones fueron hostigadas de forma sistemática. Entre las más afectadas se encuentran los movimientos de activistas y opositores como la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), con 100 eventos represivos; el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), con 63; y las Damas de Blanco, con 50, entre otras.

El abogado de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo, quien ejerce su labor dentro de Cuba, señaló en su intervención que el panorama de las organizaciones independientes de la sociedad civil en Cuba es “desalentador”, teniendo en cuenta que la represión es de una “intensidad extrema” y “amenaza con erradicar completamente la presencia y el impacto de estas entidades esenciales para la sociedad cubana”. Destacó especialmente el hostigamiento y presión psicológica hacia las activistas que forman parte de las Damas de Blanco, sometidas a una persecución constante y abusos por parte de las autoridades. No obstante, el abogado señaló que es necesario que estas organizaciones persistan en la lucha por sus derechos y el reconocimiento legal.  

De especial atención en esta audiencia fue la situación de las mujeres privadas de libertad que forman parte de organizaciones o participaron en protestas y manifestaciones sociales, reprimidas por el Estado. La organización Justicia 11J documentó la detención de al menos 311 mujeres en relación con protestas, desde el 11 de julio de 2021. De ellas, 72 permanecen detenidas en condiciones deplorables, reflejando un patrón represivo de abusos de poder y violencia institucional. 

Por su parte, Yanelys Núñez, coordinadora del Observatorio de Género Alas Tensas, destacó también como un patrón represivo la violencia vicaria hacia madres cuidadoras vinculadas al activismo, las cuales han recibido amenazas de retirarles la custodia de sus hijos, bajo el amparo legal del Código de las Familias, que aplica de forma discrecional la privación y suspensión de la responsabilidad parental. 

La coalición realizó un llamado urgente al Estado cubano para que cese de manera inmediata la represión y persecución contra la sociedad civil independiente, las organizaciones de derechos humanos y las mujeres en la Isla. También a que proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas en Cuba, incluyendo la libertad de expresión, asociación y reunión; y a que investigue de manera imparcial y efectiva todos los actos de represión y violaciones de derechos humanos, para sancionar a los responsables.

La coalición de organizaciones que presentó el informe ante la CIDH está integrada por Cubalex, Civil Rights Defenders, Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Damas de Blanco, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Justicia 11J, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Movimiento San Isidro, Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, Museo de la Disidencia, Observatorio de Género de Alas Tensas, Robert F. Kennedy Human Rights y Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).