Julio Ferrer Tamayo, abogado de Cubalex, tiene un historial significativo de enfrentamientos con el sistema judicial de Cuba, debido a su colaboración con organizaciones que promueven la práctica independiente de la abogacía y el asesoramiento legal fuera del control estatal.

En octubre de 2019, a Ferrer Tamayo se le notificó una restricción de salida del país justo cuando intentaba tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Frente a esta violación de sus derechos, emprendió una serie de acciones legales contra las autoridades estatales en defensa de sus libertades fundamentales.

Ante una regulación migratoria que restringía su libertad de salir del país, agotó todas las vías administrativas disponibles. En enero de 2020, presentó una demanda ante la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, perteneciente al Ministerio del Interior (MININT), solicitando una resolución de las autoridades sobre las causas de la regulación migratoria y los fundamentos jurídicos de la medida. 

No obstante, frente a la falta de respuesta de las autoridades, en septiembre de 2022, interpuso una nueva demanda ante la Sala de Amparos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, solicitando la restitución de su derecho a salir libremente del país. La demanda solicitaba no solo la revocación de la restricción de salida del país impuesta por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT, sino también una indemnización por parte del Estado por los daños materiales causados. 

Sin embargo, el Tribunal consideró la demanda como inadmisible, justificando su decisión en la falta de una normativa legal específica que respalde los derechos constitucionales presentados en la reclamación. El Tribunal la rechazó, explicó el abogado, a pesar de estar fundamentada en principios de derechos constitucionales. Argumentaron que la cuestión planteada no pertenecía a la jurisdicción constitucional, sino más bien al ámbito administrativo, el cual sería el canal apropiado para dicha reclamación.

A pesar de enfrentarse repetidamente con la negativa del poder judicial en Cuba, Julio Ferrer Tamayo ha continuado ejerciendo su derecho a litigar contra las autoridades, luchando por el restablecimiento de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.

Un año después, el 22 de septiembre de 2023, el abogado fue detenido de manera arbitraria por la policía en plena vía pública. La razón detrás del arresto fue una nueva demanda, esta vez contra la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en la que solicitaba la elaboración de un proyecto de ley que permita la organización de manifestaciones y reuniones con propósitos legítimos y pacíficos. Además, exige al Estado garantizar las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de este derecho constitucional. 

Durante el interrogatorio, los agentes de la Seguridad del Estado instaron al abogado a centrarse en asuntos personales y a cesar sus acciones legales contra las autoridades. Él explicó que tales acciones estaban profundamente arraigadas en motivaciones personales, argumentando que, como ciudadano, tenía el derecho de iniciar cualquier procedimiento legal en pro del bienestar de los cubanos. 

Finalmente, en agosto de 2023, después de una intensa batalla legal que se extendió por más de tres años, las autoridades levantaron la restricción que le prohibía salir del país.