El 27 de marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud de ampliación de medidas cautelares, instando al organismo a exigir al Estado cubano la protección de los derechos de Marienys Pavó Oñate. La abogada está siendo hostigada por agentes estatales en represalia por el trabajo que su esposo, Julio Alfredo Ferrer Tamayo, abogado de Cubalex y beneficiario de las actuales medidas cautelares, realiza internacionalmente en defensa de los derechos humanos.

A raíz de la solicitud presentada por Raza e Igualdad a finales de marzo, la CIDH emitió la Resolución de Ampliación 29/2024 el pasado 11 de mayo, en la que también se refiere a las 19 personas que integraban Cubalex, quienes son beneficiarias de medidas cautelares desde 2015 y 2016.