Luis Ángel Benítez Hernández, de 28 años, falleció mientras estaba bajo custodia en la unidad policial de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río. Su muerte pone de relieve graves violaciones de derechos humanos e incumplimiento de las obligaciones del Estado.
Según la información proporcionada por familiares a Cubalex, el 6 de mayo pasado, Luis Ángel Benítez Hernández prendió fuego a su propia casa y también dentro de la vivienda de su ex pareja sentimental, en medio de una reacción emocional desmesurada. Luego, se entregó voluntariamente a la policía, sin oponer resistencia, informándoles que había ingerido veneno.
Luis Ángel Benítez Hernández, a la derecha. Foto tomada de la red social Facebook.
Sin embargo, los policías ignoraron su estado, alegando que se trataba de una “borrachera” por consumo de alcohol. Lo trasladaron al policlínico local Modesto Gómez Rubio, donde no recibió la atención médica adecuada. Fue atendido con las manos esposadas y sólo le administraron vitamina B6 y dextrosa, sin llevar a cabo ningún procedimiento específico para tratar el envenenamiento.
En el policlínico emitieron un certificado de lesiones que no registraba ningún signo evidente de golpes en su cuerpo. Alrededor de las 4:00 de la madrugada, lo llevaron a la estación de policía, donde Luis Ángel sufrió golpes y maltratos. Al amanecer, su madre fue a visitarlo en la unidad y lo encontró en condiciones inhumanas: completamente desnudo, cubierto de heces y esposado a una escalera. A pesar de las restricciones impuestas por la policía, logró tomar una foto del cuerpo de su hijo como evidencia de las deplorables condiciones en las que se encontraba.
La policía admitió que Luis Ángel murió en la estación y que estaba vomitando, además de reconocer que él les había dicho durante el arresto que se había envenenado. El director del policlínico confirmó que el joven llegó al centro médico ya sin vida y que el certificado de lesiones emitido a la PNR no registraba ningún signo evidente de golpes cuando fue trasladado del policlínico a la unidad policial.
Durante el examen de Medicina Legal, preguntaron a la madre por los golpes que Luis Ángel tenía en el rostro y cuerpo, y si tenían conocimiento de algún altercado físico, lo que confirma los maltratos que sufrió mientras estaba bajo custodia. Además, según constató la familia, un policía admitió haberlo golpeado luego de que el joven lo escupiera.
Hasta la fecha, las autoridades no han ofrecido ninguna explicación a la familia sobre las circunstancias de la muerte de Luis Ángel ni sobre el maltrato que sufrió mientras estuvo bajo custodia en la unidad de la PNR. A los padres no se les ha permitido acceder a ningún documento y solo se les ha comunicado que deben esperar los resultados de la investigación y de la necropsia, sin proporcionarles más información.
La familia presentó una denuncia ante la Fiscalía militar, donde les informaron que su caso sería tramitado como una queja, sin proporcionarles ninguna orientación ni detalles sobre sus derechos para exigir justicia por la muerte de su hijo. Además, tampoco cuentan con representación legal. El abogado que consultaron les aconsejó contratar sus servicios sólo si no estuvieran de acuerdo con los resultados de la investigación, enfatizando que pocos abogados se atreverían a involucrarse en un caso de este tipo.
Destacamos que Juan Ángel Benítez Peraza expresó su preocupación por su seguridad y la de su familia debido a las posibles represalias de las autoridades. Informó a Cubalex que, tras denunciar lo sucedido con su hijo, tres oficiales de la Seguridad del Estado, incluyendo al teniente coronel jefe del MININT en San Juan y Martínez, un teniente coronel encargado de la “atención a la contrarrevolución y terrorismo” y otro agente identificado como “Soto”, se presentaron en la casa de la madre del joven, donde él se encontraba, para amenazarlo por relacionarse con “elementos contrarrevolucionarios y terroristas”. Los oficiales le advirtieron que si continuaba con estos supuestos vínculos, podría ser encarcelado.
Muerte en custodia potencialmente ilícita
El caso de Luis Ángel evidencia graves violaciones de derechos humanos e incumplimiento de las obligaciones del Estado. La policía, en este caso, tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida, seguridad y bienestar de las personas bajo su custodia, lo que no se cumplió para este joven de 28 años.
Luis Ángel murió bajo custodia estatal, sufriendo brutal maltrato físico y sin recibir atención médica adecuada. Esto violó su derecho a la vida, seguridad personal y a no ser torturado ni maltratado, según establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y las Reglas Nelson Mandela para el tratamiento de los reclusos.
La falta de atención médica adecuada, al ignorar su estado y proporcionar un tratamiento deficiente que no abordó su condición crítica después de informar a la policía sobre su envenenamiento, representa también una grave negligencia médica.
Según el Protocolo de Minnesota, cualquier muerte en custodia con sospechas de maltrato debe ser investigada como potencialmente ilícita. Sin embargo, no se ha realizado una investigación independiente y exhaustiva, como lo establece el instrumento jurídico. En este caso, podría tratarse de una ejecución extrajudicial debido a la golpiza que recibió el joven en la estación policial.
El incumplimiento del Estado de proteger la vida de Luis Ángel revela una preferencia por encubrir a los agentes estatales y garantizar su impunidad en lugar de enfrentar la verdad y ofrecer reparación a la víctima y su familia. Estas violaciones constituyen una clara negligencia de las responsabilidades internacionales de proteger y respetar los derechos humanos de las personas bajo custodia.
Las acciones y omisiones de los agentes estatales pueden constituir delitos graves. Además, la desinformación y la negación de acceso a la información obstaculizan el acceso a la justicia y violan el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas y sus familias.
Se exige al Estado cubano que lleve a cabo una investigación exhaustiva, transparente e imparcial sobre la muerte de Luis Ángel, que identifique a los responsables y tome las medidas necesarias, además de informar sobre las circunstancias exactas de la muerte, así como las acciones para garantizar la justicia y reparación.
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