El 14 de enero de 2025, el gobierno cubano anunció la supuesta “liberación gradual” de 553 personas sancionadas por diversos delitos, presentada como un gesto humanitario en el contexto de negociaciones con el Vaticano. Sin embargo, esta medida, promovida como excepcional, generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos debido a sus restricciones, la falta de transparencia y las violaciones del debido proceso.
En este análisis, el equipo legal de Cubalex examina si se trata realmente de liberaciones plenas o, en cambio, de beneficios de excarcelación anticipada, los cuales, por definición legal, no extinguen las sanciones penales.
ANTECEDENTES
Uno de los ejemplos más emblemáticos de amnistía en Cuba ocurrió en 1955, cuando Fidel Castro y otros miembros del Movimiento 26 de Julio fueron liberados tras ser condenados por el asalto al Cuartel Moncada en 1953. Esta decisión, tomada por el gobierno de Fulgencio Batista, respondió a la creciente presión social y política de la época y permitió la excarcelación de líderes que luego desempeñarían un papel clave en la historia del país.
Después de 1959, medidas como el indulto y la amnistía pasaron a formar parte de la estrategia política y diplomática del gobierno cubano, utilizadas para proyectar una imagen de apertura y aliviar tensiones internacionales. En 2011, se concedieron indultos a más de 2,900 reclusos, y en 2015, 3,522 presos fueron beneficiados con motivo de la visita del Papa Francisco. En ambos casos, el régimen presentó la medida como un gesto humanitario, aunque con claros objetivos de fortalecer su imagen ante la comunidad internacional.
LA PROMESA DEL GOBIERNO CUBANO
El gobierno cubano informó sobre los supuestos “beneficios humanitarios” concedidos a 553 personas privadas de libertad. Sin embargo, esta cifra es contradictoria, si se tiene en cuenta que en Cuba hay casi mil personas presas por motivos políticos, según los registros de organizaciones independientes.
Esto indica que la medida no es el resultado de un proceso de revisión legal individualizada, sino una promesa política diseñada con fines diplomáticos, orientada a reforzar una narrativa de apertura y justicia. Además, la decisión es discriminatoria, pues excluye a personas que legalmente podrían calificar para estos beneficios.
La preocupación se intensifica al considerar que, en numerosos casos documentados, el régimen ha negado beneficios a personas gravemente enfermas, algunas de las cuales fallecieron en prisión debido a la falta de atención médica adecuada y a la arbitrariedad de las autoridades.
El historial represivo del gobierno cubano en materia de derechos humanos refuerza las dudas sobre la verdadera intención de esta medida. Casos como el del líder opositor José Daniel Ferrer y la joven Mayelín Rodríguez Prado, quienes han sido víctimas de tortura y condiciones inhumanas en prisión, evidencian la persistencia de prácticas represivas que contradicen cualquier narrativa de humanitarismo.
LA REALIDAD: EXCARCELACIÓN ANTICIPADA, NO LIBERACIÓN PLENA
Los detalles proporcionados por las autoridades revelan que no se trata de liberaciones totales, sino de excarcelaciones anticipadas, una medida en la que las personas sancionadas completan sus condenas fuera de la prisión, pero bajo estricta vigilancia.
Aspectos clave de la excarcelación anticipada:
–No elimina la condena: Las personas siguen siendo consideradas culpables y mantienen sus antecedentes penales.
–Cumplimiento de reglas estrictas:
-Mantener un buen comportamiento, según los estándares del sistema legal cubano.
-Asumir responsabilidades civiles, como pagar indemnizaciones a las víctimas o reparar daños.
–Reincorporarse al trabajo o estudio, si el tribunal lo considera necesario para la reinserción social.
–Riesgo de reingreso a prisión: Si incumplen cualquiera de estas condiciones, pueden ser nuevamente encarceladas.
Lejos de ser una decisión genuinamente humanitaria, la medida del gobierno cubano es una estrategia política para maquillar excarcelaciones anticipadas como liberaciones plenas. Estas medidas no solo mantienen la condena y los antecedentes penales de los beneficiarios, sino que también perpetúan un sistema de control y vigilancia sobre ellos.
Hasta la fecha, Cubalex documentó 205 excarcelaciones de personas privadas de libertad por motivos políticos, ocurridas entre enero y marzo de 2025. Al menos 7 de estos beneficios fueron posteriormente revocados, y las personas reingresadas en prisión mediante procedimientos arbitrarios, sin respeto a las garantías del debido proceso, bajo el pretexto de supuestos “incumplimientos”.
En este contexto, es imprescindible que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantengan la vigilancia activa, la denuncia constante y la exigencia de transparencia y justicia frente a las violaciones que persisten en Cuba.