Las licencias extrapenales son un beneficio legal que permite la excarcelación temporal de personas privadas de libertad bajo condiciones específicas, sin extinguir la pena impuesta. Según la legislación penal vigente en Cuba, este beneficio debería concederse principalmente cuando el estado de salud del sancionado o su avanzada edad hace incompatible su permanencia en un centro penitenciario. Diseñadas como un mecanismo humanitario, estas licencias buscan ofrecer a las personas afectadas la posibilidad de cumplir su condena fuera de prisión. Sin embargo, en Cuba, su aplicación se ha desvirtuado y politizado.
Uso arbitrario y politizado de las licencias extrapenales
En el contexto cubano, estas licencias han adquirido una doble funcionalidad, evidenciando su uso arbitrario:
-Instrumento de castigo: Se niega el beneficio a presos gravemente enfermos como forma de represión, especialmente en casos vinculados al activismo político o la disidencia.
-Herramienta política: Se otorgan licencias a personas que no cumplen con los criterios legales, utilizándolas con fines políticos, como para satisfacer acuerdos diplomáticos o mejorar la imagen internacional del régimen.
Ejemplos claros de instrumentalización:
-2010-2011: El gobierno cubano excarceló a varios disidentes de la conocida “Primavera Negra”, bajo presiones diplomáticas.
-2025: Se prometió la liberación de 553 personas, pero el proceso se llevó a cabo de manera gradual, opaca y sin criterios claros, evidenciando que la excarcelación fue utilizada como herramienta política y no como un acto de justicia.
La discrecionalidad judicial y la falta de transparencia
El uso político de las licencias extrapenales es posible debido a la amplia discrecionalidad otorgada a jueces de ejecución y autoridades policiales. En un sistema donde la independencia judicial no existe, estas decisiones responden a intereses políticos en lugar de criterios jurídicos claros y objetivos.
Esta falta de transparencia genera:
-Inseguridad jurídica y estado de indefensión para las personas beneficiarias.
-Ausencia de procedimientos claros y criterios consistentes para la concesión o revocación del beneficio.
-Negación de documentación legal que justifique la excarcelación, agravando la vulnerabilidad del beneficiario.
Además, las personas bajo licencia extrapenal quedan sometidas a estricta vigilancia y enfrentan restricciones severas. Cualquier incumplimiento de órdenes arbitrarias, muchas de las cuales limitan derechos fundamentales como la libertad de expresión y opinión, puede derivar en su retorno a prisión.
Control político bajo apariencia humanitaria
El uso de licencias extrapenales para modificar la situación de personas sancionadas por motivos políticos no repara el daño ni reconoce la ilegitimidad de su encarcelamiento. Estas personas nunca debieron estar privadas de libertad, y la licencia extrapenal no es más que un mecanismo de control político disfrazado de acto humanitario.
En lugar de reconocer públicamente las injusticias cometidas, el régimen utiliza este beneficio para:
-Diluir su responsabilidad estatal.
-Evitar una admisión pública de las violaciones de derechos humanos.
-Mantener el control sobre las personas excarceladas, sin ofrecer una solución definitiva.
Es fundamental implementar mecanismos que reconozcan formalmente que estas personas nunca debieron estar encarceladas. La excarcelación debe ir acompañada de la exoneración total de las sanciones y del establecimiento de garantías legales que prevengan futuras violaciones a los derechos fundamentales.
El uso de licencias extrapenales en Cuba no es un gesto humanitario, sino una estrategia política para mantener el control sobre la disidencia mientras se proyecta una imagen de flexibilidad ante la comunidad internacional. Solo un enfoque centrado en la justicia y los derechos humanos puede poner fin a estas prácticas represivas.