Cubalex recibió información sobre la situación del preso político Ibrahim Domínguez Aguilar, recluido en la prisión de Boniato, Santiago de Cuba. Le informaron que se abrió un proceso penal en su contra por los delitos de “desórdenes en establecimientos penitenciarios” y “lesiones”, en un contexto marcado por agresiones previas, represalias y una evidente desprotección por parte del Estado.
Estos nuevos delitos no surgen de un hecho aislado, sino que son consecuencia directa de la golpiza que recibió el 31 de octubre de 2025, cuando tres reclusos comunes lo atacaron violentamente porque “Ibrahim estaba hablando mal de la Revolución”.
Una golpiza orquestada y una acusación fabricada
Según las denuncias enviadas a Cubalex, tres reclusos comunes le propinaron a Ibrahim una violenta paliza, mientras los oficiales del penal observaban sin intervenir. La familia y fuentes internas señalan al mayor Humberto Garcés Tassé, jefe de Orden Interior, como responsable directo de ordenar el ataque.
Durante la agresión, Ibrahim intentó defenderse. Sin embargo, ahora las autoridades penitenciarias buscan incriminarlo por la violencia que él mismo sufrió, imputándole el delito de “lesiones” en relación con esa defensa.
La golpiza le provocó una herida de cuatro puntos en la frente, hematomas en el rostro y otras lesiones que requirieron su traslado al centro médico del penal, donde no recibió atención médica adecuada. Su madre denunció que incluso le impidieron verlo después de la agresión, una práctica que incrementa el riesgo de tratos crueles y su estado de indefensión dentro del penal.
La situación se agrava con la actuación de la Fiscalía Militar de Santiago de Cuba, que ignoró la solicitud presentada por la madre de Ibrahim para que se investigara la golpiza. Pese a la gravedad de los hechos, no se abrió ninguna pesquisa sobre la agresión.
Esta omisión no es un episodio aislado, sino parte de un patrón más amplio en el que:
- funcionarios penitenciarios permiten o promueven agresiones contra presos políticos;
- reclusos comunes son utilizados como instrumentos de presión y castigo;
- y las instituciones del Estado encubren, justifican o normalizan estas violaciones, en lugar de garantizar justicia.
Un patrón sostenido de violencia contra Ibrahim
La situación de Ibrahim no es nueva. Medios independientes y organizaciones internacionales han documentado agresiones previas en su contra.
- En abril de 2024, denunció otra brutal golpiza dentro de la misma prisión cuando pidió atención médica. Fue esposado, lanzado al suelo y golpeado en la cabeza mientras un guardia le presionaba la cara con una bota.
- En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor, reconociendo que su vida e integridad estaban en grave riesgo debido a las condiciones de reclusión y a los constantes abusos estatales.
Ibrahim Domínguez Aguilar cumple una condena de 10 años por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio de 2021 en Contramaestre, Santiago de Cuba. Su caso refleja un patrón extendido en el sistema penitenciario cubano: quienes protestan o denuncian abusos son castigados con violencia física, negación de beneficios, endurecimiento de las condiciones de reclusión, aislamiento, nuevos cargos sin fundamento legal y un clima constante de miedo y hostigamiento.
El deber del Estado y la urgencia de la denuncia
El Estado cubano, como responsable de la custodia de todas las personas privadas de libertad, tiene la obligación legal de garantizar su vida, integridad, atención médica y acceso a la justicia. Las agresiones sufridas por Ibrahim y la falta de investigación sobre ellas constituyen violaciones claras de estos deberes.
La apertura de un nuevo proceso penal contra él, mientras se encubren los abusos cometidos por funcionarios del penal, es incompatible con los estándares básicos del debido proceso y con las obligaciones internacionales asumidas por Cuba.
Cubalex continuará documentando y denunciando este caso y todas las violaciones contra personas privadas de libertad en el país, especialmente aquellas dirigidas contra manifestantes del 11J y otros presos políticos.