Foto: Archivo Cubalex.
El preso político y opositor José Antonio Pompa López depuso la huelga de hambre que sostuvo durante 30 días en la prisión de Agüica, Matanzas. Inició esta protesta para denunciar su traslado arbitrario desde el Combinado del Este (La Habana) hacia un penal ubicado en otra provincia, una práctica utilizada de manera sistemática para castigar y aislar a activistas y opositores.
Pompa López, de 50 años, padece enfermedades renales y gastritis crónica. Pese a su frágil estado de salud, fue trasladado a Agüica a inicios de noviembre y, desde ese momento, su familia quedó sin información sobre su paradero y condiciones, un patrón frecuente en el sistema penitenciario cubano que incrementa la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad.
Durante los 30 días de protesta fue mantenido aislado en una celda de castigo, una práctica que viola estándares internacionales y constituye un trato cruel e inhumano, especialmente cuando se aplica a personas enfermas o que ejercen su derecho a la protesta pacífica.
El 3 de diciembre, las autoridades permitieron que su esposa, Suarmy Hernández, lo visitara en el penal para intentar convencerlo de deponer la huelga, lo que finalmente logró, informó Martí Noticias.
Un proceso judicial sin garantías
Pompa López fue condenado junto a otros dos activistas —Daniel Alfaro Frías y Lázaro Mendoza García— por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional, en un proceso judicial marcado por arbitrariedades, ausencia de garantías y la intervención directa de la Seguridad del Estado.
En 2025, las penas impuestas fueron de 9 años para Alfaro, 8 para Pompa López y 5 para Mendoza, una muestra de cómo esta figura penal se utiliza para criminalizar la disidencia pacífica.
Las detenciones, ocurridas entre abril y junio de 2024, estuvieron acompañadas de:
- Interrogatorios e intimidación en Villa Marista, sede de la policía política.
- Prisión preventiva prolongada, sin transparencia en la presentación de pruebas.
- Limitaciones al ejercicio de la defensa.
Según familiares y reportes de prensa independiente, el proceso estuvo plagado de irregularidades:
- Se usaron como evidencia materiales audiovisuales cuya autenticidad nunca fue demostrada.
- La Fiscalía presentó pruebas circunstanciales y contradictorias.
- El tribunal actuó con opacidad absoluta, negando solicitudes clave de la defensa.
- La sentencia fue declarada firme por el Tribunal Provincial de La Habana en octubre de 2025, sin posibilidad de revisión independiente.
La acusación se basó en interpretaciones amplias y ambiguas del Código Penal, que permiten condenar como delito cualquier expresión crítica, incluso cuando es pacífica o individual.
La represión contra Pompa López se intensificó a inicios de 2024, cuando fue despedido de su empleo por motivos políticos. En respuesta, colocó un cartel en su vivienda con el mensaje: “SOS. Mis hijos se mueren de hambre”. Este acto —una denuncia pacífica ante la precariedad— provocó vigilancia, hostigamiento y finalmente su detención.
El caso de Pompa López, como el de Alfaro y Mendoza, ilustra cómo el sistema penal cubano utiliza delitos políticos para castigar voces críticas, mediante procesos sin garantías, pruebas manipuladas y la acción coordinada de instituciones bajo control de la Seguridad del Estado.
Un patrón que se agrava
El caso de Pompa López es uno de muchos que evidencian un deterioro grave de la situación de derechos humanos en las prisiones cubanas. Solo entre octubre y noviembre de 2025, más de una decena de presos políticos recurrieron a la huelga de hambre como forma extrema de protesta frente a abusos, tratos crueles, traslados arbitrarios y la ausencia de mecanismos efectivos para denunciar violaciones.
En este contexto, la huelga de hambre se convierte en el último recurso para reclamar dignidad, exigir atención médica, denunciar torturas o rechazar castigos arbitrarios. Esta práctica, utilizada durante décadas en cárceles cubanas, refleja las fallas estructurales del sistema penitenciario, la falta de independencia judicial y la inexistencia de vías reales para la protección de derechos fundamentales.