El preso político Yaser García López, médico veterinario de 50 años, fue sentenciado en este mes de diciembre a cinco años de cárcel por publicaciones en redes sociales críticas con el régimen cubano, así como ejercer su derecho a la protesta pacífica.
Según la sentencia, a la que Cubalex tuvo acceso, el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara lo declaró culpable de los supuestos delitos de ‘propaganda contra el orden constitucional’ y ‘desacato’, emitiendo una sanción conjunta de cinco años de privación de libertad.
García López y su abogado tendrán ahora 10 días para presentar un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular (TSP).
El profesional cubano se encuentra detenido desde el 18 de marzo de 2025 por gritar consignas antigubernamentales y por sus publicaciones críticas en redes sociales. Permanece recluido en la prisión La Pendiente, en la ciudad de Santa Clara.
En septiembre anterior se celebró el juicio en su contra en dicho Tribunal, donde inicialmente la Fiscalía solicitó una condena de ocho años de prisión.
Para Cubalex, la sentencia contra Yaser García López constituye un castigo ejemplarizante y evidencia el uso sistemático de figuras penales arbitrarias para silenciar voces críticas y restringir la libertad de expresión.
La condena a cinco años de privación de libertad impuesta al veterinario constituye una prueba clara del uso instrumental del sistema judicial cubano como mecanismo de represión política. Lejos de responder a un ejercicio legítimo de justicia, este proceso penal se inscribe en una práctica sistemática del Estado cubano orientada a castigar el disenso y a desalentar cualquier manifestación pública de inconformidad social, incluso cuando esta se produce de forma no violenta y amparada por estándares internacionales de derechos humanos.
En el caso de Yaser López García, el poder judicial actuó no como un órgano independiente e imparcial, sino como un brazo ejecutor del poder político, reinterpretando el ejercicio de la protesta pacífica como una conducta delictiva asociada a figuras penales ambiguas. Esta manipulación del derecho penal desvirtúa por completo el carácter legítimo de la manifestación ciudadana y anula cualquier posibilidad de control o escrutinio social sobre la gestión estatal, convirtiendo la justicia en una herramienta de imposición y no de protección de derechos.