La operación militar llevada a cabo por EE. UU. en Venezuela el 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha repercutido directamente en la isla y en el ejercicio de los derechos humanos de personas defensoras.
Desde el sábado anterior, Cubalex ha recibido varios reportes sobre vigilancia en las afueras de viviendas de opositores y activistas, así como restricción de la libre circulación.
Varios miembros del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) en el país como Juan Luis Bravo, José Elías González Aguero y Cecilio Félix Moreno Suárez, se encuentran sitiados y, aparentemente, la orden del Estado cubano es no permitirles salir de sus casas en los próximos días.
Igualmente el opositor Miguel Ángel Herrera confirmó a la organización que se encuentra con vigilancia en la ciudad de Guantánamo.
Por su parte, el coordinador general del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), Guillermo Fariñas, denunció que el domingo, un capitán identificado como Darien, se personó en su vivienda en Santa Clara para comunicarle que no podía salir los días 5 y 6 de enero. Fariñas se encuentra convaleciente del chikunguña desde hace más de un mes; sin embargo, el oficial le transmitió la advertencia a un familiar.
En caso de salir de su vivienda en los días mencionados, sería detenido, añadió.
La vigilancia también se extiende al espacio público, con reportes de fuerte militarización en La Habana Vieja y otros puntos de la capital durante el fin de semana.
Cubalex rechaza el incremento de la vigilancia, las restricciones arbitrarias a la libre circulación y otras violaciones de derechos humanos registradas en Cuba tras la operación militar en Venezuela. Estos hechos no son aislados, sino que responden a un patrón sistemático del Estado cubano para prevenir cualquier expresión de descontento ciudadano y ejercer control social ante escenarios regionales que considera desestabilizadores. El cerco policial a activistas y opositores, la prohibición de salir de sus viviendas sin orden judicial y la militarización de espacios públicos constituyen prácticas represivas que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, de movimiento y de expresión.
Cubalex advierte además que las repercusiones internas en la isla están directamente vinculadas a los sucesos en Venezuela y a la estrecha relación entre ambos gobiernos. La muerte de al menos 32 militares cubanos que formaban parte del equipo de seguridad de Nicolás Maduro evidencia la profundidad de la alianza política y militar, así como el nivel de injerencia del Estado cubano en Caracas.
Este contexto explica la reacción represiva desplegada en Cuba, orientada a blindar al poder frente a posibles manifestaciones de inconformidad. Cubalex exige el cese inmediato de estas prácticas, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas por las violaciones cometidas.