Un año ha pasado desde que el 14 de enero de 2025, el régimen cubano anunciara un proceso de excarcelación de 553 personas privadas de libertad- incluidos presos políticos-, tras negociaciones con EE. UU. y el Vaticano.
Como señaló Cubalex anteriormente, dicho proceso estuvo marcado por la falta de transparencia, la ausencia de garantías, la inexistencia de un sistema de reparación integral para las víctimas y la negativa a reconocer la responsabilidad estatal, entre otras omisiones graves.
Según el subregistro de la organización, unas 205 personas privadas de libertad por motivos políticos fueron excarceladas bajo figuras como libertad condicional o licencia extrapenal.
De ellas, al menos siete ya han sido devueltas a las cárceles. Se trata de Adan Kiubel Castillo Echavarría, Félix Navarro Rodríguez, José Daniel Ferrer García (desterrado), Donaida Pérez Paseiro, Marlon Brando Díaz Oliva, Liliana Oropesa Ferrer y Jaime Alcides Firdó Rodríguez.
Por otro lado, las personas excarceladas siguen bajo el control del régimen, sometidas a restricciones que les impiden ejercer plenamente sus derechos. Su supuesta libertad no es más que una concesión frágil y condicionada, que las mantiene vigiladas, coaccionadas y bajo la permanente amenaza de regresar a prisión.
Para Laritza Diversent, directora Ejecutiva de Cubalex, a un año de las excarcelaciones, “la prisión política o la privación de la libertad a las personas por motivos políticos sigue siendo una herramienta en manos del régimen para obtener ganancias, ya sea políticas o diplomáticas. Lo demostró ese proceso de hace un año, que surge en un momento con la salida de Biden”.
“El gobierno ha estado constantemente tratando de negociar, y lo que utiliza para esto son las personas privadas de libertad. Ojalá que eso no vuelva a ocurrir. El país está en una circunstancia difícil para un proceso de reconciliación y de transición. Es necesario que liberen a las personas presas políticas y ojalá no vuelvan a utilizarlos como moneda de cambio. Sociedad civil tiene que estar pendiente. El uso de seres humanos como moneda de cambio, eso es del siglo pasado y todavía sigue sucediendo ante los ojos de la comunidad internacional y todavía no hay una posición firme contra este tipo de prácticas que emplean los gobiernos dictatoriales”, agregó Diversent.
De acuerdo con Cubalex, el balance a un año de aquel anuncio es contundente: el régimen cubano no ha cesado en la práctica sistemática de la prisión política, ni ha mostrado voluntad real de desmontar el entramado represivo que la sostiene. La organización exige la liberación inmediata, sin condiciones y con garantías efectivas de todos los presos políticos, así como el cese definitivo del uso del encarcelamiento como mecanismo de castigo, intimidación y control social. Mientras, el Estado cubano continúa incumpliendo sus obligaciones internacionales y perpetuando un sistema en el que la libertad no es un derecho, sino una concesión arbitraria del poder.
Cubalex subraya que, en el contexto regional, las recientes excarcelaciones anunciadas en Venezuela y Nicaragua confirman un patrón histórico en América Latina: los regímenes autoritarios recurren a la liberación selectiva de presos políticos solo cuando enfrentan presión internacional o buscan legitimación externa, sin transformar las estructuras que generan la represión. Cuba no es la excepción, sino uno de los ejemplos más persistentes de esta lógica. Para Cubalex, mientras el régimen cubano siga utilizando a las personas presas por motivos políticos como moneda de cambio diplomática, cualquier excarcelación será incompleta, reversible y profundamente injusta, y la deuda del Estado con las víctimas y con la sociedad cubana seguirá intacta.