Independientemente de las declaraciones de las autoridades, la reciente publicación en la Gaceta Oficial de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no constituye un aspecto positivo para Cuba. Aunque su nombre sugiere una apertura a la transparencia y la facilitación del acceso a la información en poder del Estado, el texto final ratifica un sistema de opacidad que ignora los estándares internacionales y blinda el control estatal sobre la información.
Desde Cubalex, realizamos el monitoreo y seguimiento de las leyes y demás disposiciones normativas que se adoptan en Cuba. En este caso alertamos que la mencionada ley no pretende empoderar al ciudadano, sino reglamentar el secreto de Estado bajo una apariencia de legalidad. Cinco de sus características más distintivas y, al mismo tiempo, restrictivas del derecho de acceso a la información son las siguientes:
- El veto explícito al periodismo independiente
La ley discrimina directamente a periodistas y directivos de medios de comunicación. Al excluirlos del marco general de esta norma y obligarlos a regirse por la también restrictiva Ley de Comunicación Social, el Estado cubano fragmenta un derecho que debería ser universal. Esta maniobra facilita decisiones arbitrarias que ponen en riesgo la libertad de prensa y el ejercicio de informar sobre la realidad cubana. Además, se vincula con las restricciones impuestas a la libertad de prensa por la Ley de Comunicación Social vigente desde 2024, así como la criminalización de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo ciudadano mediante el empleo de normas administrativas y penales.
- Un concepto de información pública a medida del Estado
A diferencia de los estándares internacionales, que definen la información pública como cualquier dato de interés para la comunidad, la ley cubana la limita solo a lo que las instituciones decidan custodiar discrecionalmente. Esto permite al Gobierno cubano ocultar áreas completas de gestión política y presupuestaria bajo interpretaciones subjetivas. Al limitar el concepto de información pública a la voluntad de custodia de las propias instituciones, las autoridades han legalizado la facultad de ocultar cualquier dato que pueda resultar incómodo para el poder político, dejando a la ciudadanía sin herramientas reales para auditar la gestión del país.
- El peligro de las represalias: de solicitante a delincuente
La ley impone a los ciudadanos la obligación de actuar de forma ética y responsablemente con la información obtenida, pero no define estos términos. Lo más alarmante es la amenaza de sanciones administrativas, civiles o penales por un uso indebido de la información. Esto genera un efecto intimidatorio y de censura que pretende que las personas tengan miedo de solicitar información en poder de los órganos estatales. Al condicionar el acceso a la información a una ética no definida y amenazar con castigos penales, los cuales también se incluyen en el Código Penal de 2022 para castigar la libertad de expresión en línea, el Estado cubano convierte un derecho humano en una trampa legal, asegurándose que sólo los ciudadanos más arriesgados se atrevan a cuestionar la opacidad oficial y convirtiéndolos prácticamente en víctimas de la represión.
- Instituciones sin control externo
La normativa establece un sistema donde el Estado se supervisa a sí mismo. No existe un órgano garante independiente; las funciones de control recaen en un Ministerio bajo el mando del Poder Ejecutivo. Además, instituciones clave como el Poder Judicial, el Legislativo, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, incluidos sus poderosos grupos empresariales, quedan eximidas de cualquier supervisión externa, dictando sus propias reglas de transparencia sin rendir cuentas a la ciudadanía. Al eximir a las fuerzas de seguridad y a los poderes judicial y legislativo de un monitoreo externo, y al poner la supervisión general en manos de un ministerio del Gobierno, la ley asegura que los secretos más críticos del poder permanezcan fuera del alcance del pueblo cubano.
- Barreras económicas y burocráticas
El acceso a la información no es totalmente gratuito, pues se cobran costos de reproducción sin excepciones para personas de bajos recursos. Además, se prioriza la entrega de datos de forma presencial en oficinas estatales, lo que dificulta o impide el trámite para quienes viven lejos o tienen limitaciones de movilidad. Al imponer costos sin excepciones y obligar a la presencia física del ciudadano, la ley transforma un derecho fundamental en un trámite costoso y burocrático, diseñado para desalentar la participación de los sectores más vulnerables y alejados del poder central
Desde Cubalex, denunciamos que esta ley incumple de manera flagrante los estándares internacionales de derechos humanos. Al establecer excepciones basadas en conceptos vagos como la seguridad nacional, excluir a la prensa independiente y mantener el control bajo el mando del Ejecutivo, el Estado cubano no garantiza el acceso a información oportuna y veraz. Esta norma no es una herramienta ciudadana, sino un mecanismo legal para perpetuar la impunidad oficial y el control sobre la verdad.