Una de las formas de discriminación por motivo de la opinión política más utilizadas en el contexto cubano es la coloquialmente conocida “regulación”. Lo primero que debemos comprender al respecto es que dicho proceder no está amparado en ninguna legislación, por tanto es una forma de castigo totalmente ilegal, que se utiliza para violar el derecho humano a transitar libremente.
Uno de los patrones más recurrentes dentro de esta práctica es el impedir la tramitación y obtención del pasaporte, para posteriormente extorsionar a la persona y obligarlo a colaborar con la Seguridad del Estado, inhibirse de ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, o de realizar una labor profesional que pueda ir en contra de sus intereses, como por ejemplo el periodismo independiente.
En el último tiempo, desde Cubalex, hemos identificado que los agentes de la Seguridad del Estado han comenzado a imponer a las víctimas de este tipo de violación la tramitación del pasaporte por intermedio de ellos, exigiéndoles además el pago de los costos del documento en efectivo.
Estas exigencias no solo son ilegales, sino que acceder a ellas supone un grave riesgo e inseguridad jurídica para la persona. En el mejor de los casos, podría terminar siendo víctima de una estafa; en el peor, podría recibir un pasaporte que no sea legal en todas sus partes, arriesgándose a responder por un delito de falsificación de documento público al intentar salir del territorio nacional o al llegar a un país extranjero.
El Artículo 14 de la Ley de Migración establece expresamente que las solicitudes de pasaporte para asuntos particulares deben ser formuladas por los propios interesados. Las únicas excepciones en este sentido se establecen para los casos de los menores de edad o las personas con incapacidad legal.
Por otra parte, la Ley del Sistema Tributario, es categórica cuando establece en su artículo 219 que el pago de los documentos gravados por impuesto se realiza mediante sellos del timbre o a través de canales electrónicos, con lo cual la exigencia de abonar costos en efectivo carece de todo sustento legal.
Si usted se encuentra en dicha situación se recomienda no acceder a estas exigencias dado su carácter ilegal y las repercusiones que le pueden acarrear. Antes de realizar cualquier acción en este sentido solicite asesoramiento legal que le permita comprender a plenitud su situación puntual y los riesgos puede llegar a enfrentar.
Desde Cubalex se rechazan de manera categórica estas regulaciones migratorias de facto, por constituir una práctica represiva, discriminatoria y absolutamente ilegal que el Estado cubano utiliza para castigar la disidencia y el ejercicio de derechos fundamentales. La llamada “regulación” no solo carece de respaldo jurídico, sino que opera como un mecanismo de coerción política destinado a controlar, silenciar y someter a activistas, periodistas independientes y personas críticas del poder.
Cubalex denuncia además la escalada de estas prácticas mediante la imposición de trámites irregulares del pasaporte a través de agentes de la Seguridad del Estado y la exigencia de pagos en efectivo, lo cual profundiza la inseguridad jurídica de las víctimas y las expone a riesgos penales graves. Estas exigencias contradicen de forma abierta la Ley de Migración y la Ley del Sistema Tributario, y evidencian un patrón de abuso de poder orientado a la extorsión y al control político. Exigimos al Estado cubano que ponga fin de inmediato a estas prácticas represivas, respete el principio de legalidad y garantice el derecho de todas las personas a transitar libremente, sin condicionamientos, amenazas ni castigos por motivos de opinión política. Transitar libremente no es una concesión del poder: es un derecho humano.