Foto: Theo McInnes.
El 29 de enero de 2026, la Administración Trump emitió una orden ejecutiva, donde declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba. Aunque no impone directamente sanciones económicas, crea un sistema de aranceles contra terceros países que vendan o suministren petróleo a Cuba.
Esta medida, que podría tener gran impacto a nivel económico y político, se suma a las presiones de EE. UU. contra el régimen cubano. Actualmente la isla se encuentra en una fuerte crisis energética, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, gran aliado de La Habana. De esta forma, estaría por verse si México, otro de los países que envía crudo al país, continuará con esta política luego de las acciones del gobierno estadounidenses.
Para Cubalex, no se trata de la sanción más estricta en términos históricos. Medidas como el embargo total de 1962 o la Ley Helms-Burton fueron jurídicamente más severas. Sin embargo, esta orden ejecutiva agrava significativamente la situación actual de Cuba porque actúa sobre un sector crítico —el suministro de petróleo— y lo hace de manera indirecta, presionando a terceros países. En el contexto de crisis energética y económica, su impacto práctico puede ser muy alto, aunque no constituya el régimen sancionatorio más duro de la historia.
La medida anunciada en 2026 no cambia directamente esas reglas básicas. No prohíbe nuevas exportaciones, no cancela las excepciones humanitarias ni introduce una prohibición general adicional contra Cuba. En lugar de eso, apunta a los países que suministran petróleo a la isla. Lo que hace el gobierno estadounidense es autorizar la imposición de aranceles punitivos a los productos que esos países exporten a Estados Unidos, como forma de presión para que dejen de vender petróleo a Cuba. Es decir, la sanción no se dirige formalmente contra Cuba, sino contra terceros países, pero el objetivo final es afectar el suministro energético cubano.
Sin embargo, para Cubalex, desde una perspectiva de derechos humanos y conforme al principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P), la responsabilidad principal de evitar que la actual crisis económica y energética en Cuba derive en una catástrofe humanitaria recae en el Estado cubano, independientemente de las medidas adoptadas por Estados Unidos.
Según Cubalex, la R2P establece que los Estados tienen la obligación primaria de proteger a su población frente a daños graves y evitables, como la hambruna, el colapso de servicios esenciales y la pérdida de vidas humanas. En ese sentido, la organización subraya que el gobierno cubano mantiene el control del aparato institucional, la política económica, la distribución de recursos, el sistema energético y el acceso a bienes básicos, por lo que no puede eludir su responsabilidad alegando exclusivamente el impacto de sanciones externas.
Cubalex sostiene que el Estado cubano debe adoptar medidas urgentes y verificables para proteger a la población civil, priorizar servicios esenciales y garantizar el acceso a alimentos, electricidad, agua potable y atención médica. Entre estas acciones, señala la necesidad de reconocer públicamente la gravedad de la crisis, permitir la cooperación internacional sin instrumentalización política, facilitar la entrada de ayuda humanitaria y aplicar reformas internas que reduzcan la vulnerabilidad estructural de la ciudadanía.
La organización reconoce que Estados Unidos también tiene obligaciones en materia de derechos humanos, en particular el deber de evitar impactos desproporcionados sobre la población civil. En ese sentido, considera legítimo que la sociedad civil se dirija al Gobierno estadounidense para exigir que cualquier medida de presión incluya salvaguardas humanitarias claras, mecanismos de monitoreo y excepciones efectivas que protejan derechos básicos como la vida, la salud y la alimentación.
Cubalex destaca que la nueva orden ejecutiva no constituye una prohibición automática e irreversible, sino que deja margen para la negociación, al contemplar medidas modulables y revisables. No obstante, advierte que ese espacio solo será viable si el régimen cubano demuestra voluntad política real mediante compromisos verificables en materia de derechos humanos, libertades fundamentales y reformas institucionales.
En relación con el levantamiento del embargo, la organización recuerda que la normativa estadounidense vigente condiciona este proceso a la existencia de un gobierno de transición y, posteriormente, de un gobierno democráticamente elegido, con garantías mínimas de derechos civiles, pluralismo político y elecciones libres.
Finalmente, Cubalex subraya el rol central de la sociedad civil como actor de prevención y vigilancia. Desde su perspectiva, la ciudadanía organizada debe documentar los impactos de la crisis, alertar sobre riesgos humanitarios, exigir transparencia tanto al Estado cubano como a los actores internacionales y reclamar participación en cualquier proceso de negociación o transición, con el fin de evitar que las decisiones se adopten sin tener en cuenta la protección efectiva de la población.