Foto: Marcia Natacha Parra Taupier/Facebook.
Cubalex alerta sobre el abandono institucional y el hostigamiento que enfrentan Marcia Natacha Parra Taupier, paciente oncológica, y su madre de 103 años, en el municipio Playa, La Habana. La negación de atención médica continua, medicamentos y acceso a alimentos, junto con el silencio administrativo sobre su situación de vivienda y la represión de una protesta pacífica, han creado un escenario de riesgo real para la vida y la integridad de ambas, en contravención de las obligaciones básicas del Estado cubano en materia de derechos humanos.
Abandono institucional y respuesta estatal
El 31 de enero de 2026, Marcia Natacha Parra Taupier realizó una protesta pacífica tras años de gestiones sin respuesta efectiva. No se trató de un acto “político” en abstracto, sino de una reacción desesperada ante un abandono estatal sostenido que dejó de ser una demora burocrática para convertirse en una forma de violencia institucional.
Marcia es paciente oncológica y presenta colostomía permanente, diabetes, anemia y colitis. Además, es la única cuidadora de su madre, una mujer de 103 años con cáncer de piel y escaras profundas que avanzan sin curas adecuadas ni seguimiento sostenido. Según su testimonio, las lesiones han alcanzado tejido profundo y han presentado señales compatibles con falta grave de atención, lo que evidencia la extrema gravedad de la situación.
Ese día, Marcia salió a la calle con su madre en silla de ruedas y carteles para exigir atención médica, medicamentos, alimentos y una respuesta oficial. De acuerdo con la información difundida públicamente, agentes estatales la interceptaron en la intersección de 41 y 52, Playa, le confiscaron los carteles y le impidieron continuar la protesta, sin ofrecer respuesta a sus reclamos.
Marcia describe estar atrapada en un “limbo administrativo” creado por las propias instituciones: al no reconocérsele una dirección o domicilio legal efectivo y mantenerse su caso de vivienda bajo una supuesta investigación indefinida, sin decisiones ni notificación escrita, se ha bloqueado el acceso de su familia a la libreta de abastecimiento y, con ello, a alimentos básicos. Esta opacidad también se utiliza como excusa para negarle el acceso al médico de la familia, al policlínico y a la farmacia, profundizando la desprotección.
A esta precariedad se suman factores estructurales que agravan el riesgo —como los apagones prolongados y diarios— que afectan otros servicios esenciales. El resultado es una amenaza real a la vida e integridad de una anciana con heridas abiertas sin tratamiento sostenido y de una cuidadora enferma sometida a estrés crónico, miedo permanente y agotamiento físico y mental. En este contexto, la falta de respuesta estatal está profundizando un daño que, por obligación, debería prevenir.
Los carteles mostraban reclamos directos vinculados a derechos básicos, entre ellos: “No me dan atención médica por cambio de dirección” y “Necesito justicia”. También exigían atención en el policlínico y en el consultorio del médico de la familia, acceso a la libreta de abastecimiento y una respuesta clara sobre la situación legal de la vivienda. Marcia además responsabilizó a autoridades locales por la muerte de su esposo. Sus expresiones constituyen un reclamo de dignidad y una exigencia de rendición de cuentas.
En la noche del 31 de enero de 2026, una doctora acudió al domicilio y, lejos de garantizar curas y atención médica acordes con la gravedad de las escaras, advirtió a Marcia que sería responsabilizada si el estado de su madre empeoraba.
Posteriormente, tras la protesta y las denuncias públicas realizadas por Marcia, el 3 de febrero su madre fue ingresada en un centro hospitalario. El traslado ocurrió después de una prolongada espera por una ambulancia; una vez hospitalizada, le realizaron varios exámenes y actualmente recibe tratamiento con antibiótico por vía intravenosa.
En un escenario de abandono institucional, esta amenaza dirigida a una cuidadora enferma y sin recursos —que ha denunciado por vías oficiales negligencias y violencia institucional— busca trasladar la responsabilidad estatal al eslabón más vulnerable, intimidar y silenciar la denuncia. No es un hecho aislado: responde a prácticas destinadas a evadir obligaciones, negar responsabilidad y forzar obediencia mediante presión y temor.
Derechos vulnerados
A partir de estos hechos, Cubalex identifica violaciones a los siguientes derechos:
- Derecho a la salud, a la vida y a la integridad personal, y a la protección especial de las personas mayores y dependientes: la madre de Marcia, de 103 años, no recibe atención médica continua y oportuna. Esta omisión la expone a un riesgo evitable de infección grave y de muerte, sin medidas prioritarias acordes con su edad y dependencia. Al dejar el cuidado exclusivamente en Marcia, el Estado pone en riesgo su vida e integridad: pese a sus condiciones de salud, se le obliga a asumir sola un cuidado extremo, sin apoyo institucional, bajo estrés crónico, amenazas y miedo.
- Derecho a la alimentación y a un nivel de vida adecuado: la falta de dirección o domicilio legal se utiliza para negar la libreta de abastecimiento, afectando el acceso a alimentos básicos en medio de la crisis económica e inflación.
- Derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica: la confiscación de carteles y la prohibición de continuar la protesta pacífica constituyen medidas de silenciamiento frente a una denuncia legítima.
- Derecho a recibir información y a una respuesta administrativa motivada: el caso permanece bajo una supuesta investigación prolongada, sin respuesta por escrito, sin plazos claros y sin participación efectiva. El silencio administrativo y la opacidad sostienen la indefensión y prolongan el daño.
- Derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes: el abandono, la incertidumbre y la intimidación prolongan un sufrimiento extremo. La amenaza de responsabilizar a Marcia si su madre muere constituye una forma de presión para quebrarla y trasladarle la culpa. Marcia también denuncia daños emocionales acumulados por años de impunidad, agravados por el contexto de hostigamiento y el deterioro acelerado de la salud de su madre.
Exigencias de Cubalex
Cubalex exige al Estado cubano que adopte medidas urgentes e inmediatas para poner fin al abandono institucional, el hostigamiento y el silencio administrativo que afectan a Marcia Natacha Parra Taupier y su familia. En cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el Estado debe:
- Restituir sin demora el acceso a alimentos, garantizando a Marcia y su núcleo familiar el acceso a una libreta de abastecimiento o a un mecanismo equivalente que asegure un suministro básico continuo.
- Garantizar atención médica diaria y especializada a la madre de Marcia, con insumos para curas, seguimiento clínico y acceso efectivo a medicamentos en la farmacia, acorde con la gravedad y progresión de sus lesiones.
- Proteger el derecho de Marcia a protestar pacíficamente, con garantías de no interferencia ni represalias.
- Cesar amenazas y coacción, y activar medidas de protección integral para la salud física y mental de Marcia y su madre.
- Emitir una respuesta por escrito, fundamentada y motivada sobre la situación de vivienda, los resultados de la investigación y las vías efectivas para interponer recursos.
La inacción estatal en este caso produce daño, agrava el sufrimiento y expone a dos personas en extrema vulnerabilidad a una situación de riesgo grave e innecesario. El Estado cubano tiene la obligación inmediata de proteger la vida, la salud y la dignidad de Marcia Natacha Parra Taupier y de su madre, y de garantizar que nadie sea castigado, intimidado o silenciado por exigir derechos básicos.
Cubalex continuará documentando y denunciando este caso y alerta que la ausencia de una respuesta estatal efectiva mantiene a una persona mayor y a su cuidadora enferma en una situación límite, con riesgo serio para su vida y su integridad.