Marcia Parra, mujer en situación de alta vulnerabilidad por sus graves condiciones de salud y por las cargas de cuidado dentro de su núcleo familiar, enfrenta hoy un riesgo real e inminente de desalojo forzoso, agravado por amenazas de uso de la fuerza, la falta absoluta de garantías procesales y un proceso de criminalización directamente vinculado al conflicto habitacional. Lo que ocurre no es un trámite administrativo ordinario: es una violación continuada y agravada de derechos humanos, en la que el Estado cubano, aun después de haber sido alertado formalmente por Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, ha profundizado el hostigamiento, la indefensión y la coerción contra ella.
Durante marzo de 2026, Marcia continuó denunciando que su estado de salud se deterioraba bajo el peso del estrés, la incertidumbre y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades de Playa, La Habana.
El 21 de marzo confirmó que existía en su contra un proceso penal por supuesto atentado, con reclusión domiciliaria y prohibición de salir de la provincia o del país. Ese mismo día denunció además que aparecía señalada como “contrarrevolucionaria”, una calificación que en el contexto cubano no es neutra: el Estado la utiliza para estigmatizar, desacreditar y agravar la situación de personas imputadas, y su inclusión en este caso evidencia la politización del proceso penal por motivos de sus opiniones políticas y críticas constantes al mal trabajo y abuso de las autoridades.
La situación se agravó de manera decisiva el 26 de marzo de 2026. Según su testimonio, ese día fue citada a una reunión en la que comparecieron varias autoridades, entre ellas funcionarias de Vivienda y de la Fiscalía. Allí le leyeron alrededor de nueve hojas sobre su caso, pero no le entregaron copia de ningún documento. En esa misma reunión le comunicaron que debía abandonar de inmediato la vivienda en la que residía. Es decir, se le anunció una decisión de enorme gravedad sin notificación escrita, sin acceso al expediente y sin un soporte documental mínimo que le permitiera defenderse.
Las autoridades le indicaron, además, que sería trasladada a Los Pinos, a un inmueble que Marcia describe como un sótano húmedo, con paredes rajadas, techo parcialmente derrumbado, sin gas, sin agua y sin condiciones materiales mínimas para vivir. También explicó que se pretendía realizar ese traslado sin entregarle ningún documento que acreditara una relación jurídica con ese lugar. No se le ofreció una alternativa habitacional adecuada, segura, accesible y legalmente definida, sino un espacio precario que, según su propio relato, empeoraría de inmediato sus condiciones de vida, salud y subsistencia.
Marcia advirtió que ese traslado la colocaría en una situación todavía más grave. Sigue sin libreta de abastecimiento, sin carné de identidad, sin médico de familia ni consultorio, pese a su enfermedad crónica y a que necesita agua limpia, higiene constante y alimentación regular. También señaló que el cambio de lugar la haría perder su empleo y afectaría el de su hijo, porque la distancia, el costo del transporte y las condiciones de precariedad del inmueble propuesto harían inviable sostener sus rutinas laborales, profundizando su vulnerabilidad material en un momento ya extremo.
Según su relato, las autoridades le dijeron que, si no se mudaba “para el martes 31 de marzo”, irían a sacarla por la fuerza con bomberos, brigada especial, policía y otros funcionarios, incluso “a base de golpe” si fuera necesario.
La ONU ya había advertido al Estado cubano
La comunicación UA CUB 2/2025, enviada al Estado cubano el 10 de octubre de 2025 por el Relator Especial sobre una vivienda adecuada y la Relatora Especial sobre el derecho a la salud, alertó de forma expresa sobre el riesgo de desalojo forzoso inminente de Marcia Parra y su familia, el posible daño grave e irreparable a su salud física y mental, los actos intimidatorios de autoridades municipales, las detenciones arbitrarias, la falta de garantías procesales, la denegación de acceso al expediente y a la asistencia jurídica, y la ausencia de notificación escrita y de una alternativa habitacional adecuada. Los mandatos instaron al Estado a suspender inmediatamente cualquier desalojo, abstenerse de recurrir a la fuerza y a cualquier forma de acoso, garantizar decisiones por escrito, acceso pleno al expediente, asistencia jurídica y, si se consideraba necesario el traslado, proveer una vivienda adecuada, segura y accesible.
Lejos de atender esa advertencia, el Estado cubano ha continuado violando de manera sistemática los derechos de Marcia, ha empujado el caso a un escenario todavía más peligroso y ha añadido un componente de criminalización, utilizando la imputación penal y las restricciones cautelares como parte del propio entramado de presión y desprotección. Lo que la ONU pidió frenar se ha profundizado: persiste la opacidad, se mantiene la indefensión, no se entregan copias ni decisiones escritas, no existe una alternativa habitacional adecuada y ahora se suma la amenaza de un uso directo de la fuerza para consumar el desalojo. Ese riesgo resulta aún más creíble y alarmante porque ya existe un antecedente de actuación violenta por parte de las autoridades, que llegaron a romper la puerta de su vivienda en un intento de allanamiento, lo que ha incrementado fundadamente el temor de Marcia a que la amenaza termine por ejecutarse.
Derechos vulnerados
Los hechos comprometen directamente el derecho a una vivienda adecuada y la protección frente a desalojos forzosos. A Marcia se le ordena abandonar su vivienda sin garantías mínimas de legalidad, de defensa ni de consulta efectiva, y se le pretende trasladar a un lugar que ella describe como inhabitable y sin respaldo jurídico escrito. Esto no constituye una solución habitacional: constituye una profundización de la precariedad y el desamparo.
También está comprometido el derecho a la salud. Naciones Unidas ya había advertido que un desalojo o traslado sin condiciones adecuadas podía causar un daño grave e irreparable a la salud física y mental de Marcia y su familia. Los hechos recientes confirman y agravan ese riesgo: ella necesita agua limpia, aseo constante, alimentación regular, seguimiento médico y estabilidad material. Forzarla a ir a un espacio húmedo, rajado, sin agua ni gas, mientras permanece sin libreta, sin médico de familia y sin condiciones básicas de subsistencia, implica exponerla a un deterioro aún mayor de su estado de salud.
Se vulneran, además, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida privada y al domicilio y la protección frente a actos de intimidación, coerción o represalia. La amenaza de sacarla por la fuerza, con la intervención de bomberos, brigada especial, policía y otros funcionarios, incluso mediante golpes, revela un uso abiertamente intimidatorio del aparato estatal. En vez de protegerla frente al daño, el Estado la coloca en una situación directa del riesgo y en una situación de indefensión total.
Igualmente grave es la violación del derecho a la información, del derecho a la defensa, del debido proceso y del acceso a la justicia. Marcia sigue sin tener copias de los documentos que determinan su situación, sin acceso pleno al expediente, sin una resolución escrita que pueda impugnar y sin condiciones reales para organizar su defensa. Ya la comunicación de la ONU había señalado que esta falta de documentación y de acceso a la justicia colocaba a Marcia en una situación de indefensión. Los hechos de marzo de 2026 demuestran que esa indefensión no fue corregida, sino agravada.
Los prolongados apagones y la falta constante de conexión obligan a mantener una alerta permanente sobre su situación, porque la incomunicación la deja aún más desprotegida, limita su capacidad de pedir auxilio y reduce sus posibilidades de reaccionar a tiempo ante cualquier intento de desalojo forzoso. Frente a este escenario, resulta especialmente importante que la sociedad civil independiente, las organizaciones de derechos humanos y los medios de prensa mantengan un monitoreo activo sobre el caso, visibilicen cualquier escalada y contribuyan a denunciar nuevas acciones estatales que se ejecuten contra Marcia.
Cubalex exige la suspensión inmediata de cualquier desalojo o traslado forzoso; el cese de toda amenaza, hostigamiento o represalia; la entrega inmediata de todas las decisiones y documentos por escrito; el acceso pleno al expediente; garantías efectivas de defensa; y la paralización de cualquier uso abusivo del derecho penal contra Marcia. La continuidad de estas acciones puede causar daños irreparables.