La incidencia de la organización Cubalex en el reciente examen de Cuba ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) tuvo un impacto directo y verificable en el desarrollo del diálogo con el Estado. Un análisis de las intervenciones confirma que los relatores incorporaron de forma sistemática las preocupaciones y preguntas sugeridas por la sociedad civil —incluidas las presentadas por Cubalex, Museo V, Museo de la Disidencia en Cuba, Raza&Igualdad, OGAT y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana—, convirtiéndolas en cuestionamientos oficiales dirigidos a la delegación cubana.
Uno de los ejes centrales donde esta incidencia resultó más evidente fue el sistema de justicia y el posible sesgo racial. Los relatores retomaron casi textualmente las alertas sobre la falta de datos desagregados por raza y la sobrerrepresentación de personas afrodescendientes en las cárceles. En sus intervenciones, citaron cifras clave —como el 58% de afrodescendientes en prisión frente al 33.7% en la población general— para cuestionar al Estado sobre esta disparidad. Asimismo, preguntaron si el Estado prevé introducir la variable de ascendencia en los registros de detención y solicitaron datos actualizados sobre el origen étnico de las personas privadas de libertad.
En materia de acceso a la justicia, los relatores trasladaron las dudas sobre la efectividad del artículo 388 del Código Penal y los mecanismos administrativos. Solicitaron información sobre el número de denuncias por discriminación racial en los últimos años, los resultados de las investigaciones y cuántos casos se resolvieron mediante multas o sanciones administrativas sin intervención judicial. También cuestionaron la ausencia de una Institución Nacional de Derechos Humanos independiente y los mecanismos de control en centros de detención.
Las preocupaciones sobre el perfilamiento racial y la actuación de las fuerzas del orden también ocuparon un lugar central. Los relatores señalaron la ausencia de leyes que prohíban explícitamente estas prácticas y preguntaron qué protocolos operativos existen para evitar que las detenciones se basen en estereotipos raciales o en la apariencia física, así como sobre su publicación y aplicación por parte de la Fiscalía y el Ministerio del Interior.
De igual forma, se incorporaron cuestionamientos sobre desigualdades estructurales que afectan a mujeres afrodescendientes, especialmente en contextos de pobreza, vivienda precaria y acceso al empleo. Aunque no se utilizó el término específico de “coleras”, sí se abordó la sustancia de estas preocupaciones, evidenciando la influencia de los aportes de la sociedad civil.
En conjunto, los relatores utilizaron los informes de organizaciones como Cubalex como una hoja de ruta técnica, logrando trasladar sus principales preocupaciones a la delegación del régimen cubano y obligándola a responder sobre temas que históricamente han carecido de transparencia.
Respuestas del Estado cubano: cifras, omisiones y confirmación de preocupaciones
En sus respuestas ante el CERD, la delegación cubana ofreció información que, en varios aspectos clave, confirma las preocupaciones planteadas por Cubalex, especialmente en relación con la composición racial de la población penal y la falta de mecanismos efectivos para atender la discriminación.
En el ámbito del sistema de justicia, el Estado rechazó la existencia de sesgos raciales y atribuyó las disparidades a factores históricos y económicos. Sin embargo, proporcionó datos sobre la composición de la población penitenciaria: 42% personas blancas, 33.3% mestizas o mulatas y 24.7% negras. Estas cifras, en contraste con los datos citados por los relatores sobre la sobrerrepresentación de afrodescendientes en prisión, refuerzan la preocupación de que existe un patrón que podría indicar perfilamiento racial, tal como ha venido señalando Cubalex.
Asimismo, la delegación reconoció que entre 2019 y 2025 solo se registraron siete denuncias por discriminación —tres de ellas por motivos raciales— y que ninguna fue comprobada. También admitió que no se ha sancionado a ningún agente del orden por discriminación racial en ese período. Estos datos evidencian la falta de acceso a recursos judiciales efectivos y la ineficacia de los mecanismos existentes.
En cuanto a la supervisión del sistema penitenciario, se informó que la Fiscalía realizó 43,957 inspecciones entre 2019 y 2025, sin que ello se traduzca en sanciones por discriminación. Sobre la representación institucional, se ofrecieron cifras de la Fiscalía General: 61% de fiscales blancos, 25% mestizos o mulatos y 14% negros, destacando además la composición racial en cargos directivos.
En relación con la violencia de género, el Estado señaló que la mayoría de las víctimas son blancas, aunque reconoció un incremento de entre el 5% y el 10% en víctimas mestizas y negras. También informó sobre la creación de un registro administrativo con datos desagregados por color de piel y zona geográfica.
En materia de derechos civiles, la delegación del régimen descalificó a personas defensores de derechos humanos, argumentando que actúan con financiamiento extranjero, y utilizó el respaldo al referendo de 2019 como justificación de su modelo político. Asimismo, negó la existencia de discriminación religiosa contra grupos afrocubanos.
Pese a estas respuestas, la delegación oficialista abordó de manera parcial varias de las preguntas clave. Admitió que la falta de datos desagregados es su “principal desafío” y no ofreció información suficiente sobre estadísticas interseccionales. En cuanto al perfilamiento racial, se limitó a negar su existencia generalizada y no detalló medidas concretas para prevenirlo. Tampoco respondió de forma sustantiva sobre la protección a defensores de derechos humanos frente a represalias.
En conjunto, aunque las respuestas fueron selectivas, el proceso permitió obtener cifras oficiales relevantes que refuerzan las preocupaciones de Cubalex. La admisión de la escasez de datos, la inexistencia de sanciones por discriminación racial y la composición de la población penal constituyen elementos clave que apuntan a una posible sobrerrepresentación de personas afrodescendientes en el sistema de justicia penal, lo que podría estar vinculado a prácticas de perfilamiento racial.
Puntos clave sobre el acceso a la justicia para personas afrodescendientes en Cuba: