Una comparación exhaustiva realizada por Cubalex entre los 2,010 beneficiarios del Decreto Presidencial 1212/2026 y el registro de víctimas documentadas por la organización reveló que al menos cinco personas incluidas en la reciente lista de indultados fueron previamente monitoreadas por Cubalex por sufrir actos represivos o violaciones de derechos humanos en Cuba.
Las coincidencias identificadas corresponden a Ana Laura Parra González, Iván Leydis Acosta Matos, Maikel Seara Padrón, Yudimar Barallobre Columbie y Kevin Lay Laureido Rojas.
De ese grupo, Cubalex clasifica como presos políticos a Ana Laura Parra González, manifestante del 11J en Matanzas, e Iván Leydis Acosta Matos, residente en Guantánamo. Ambos habían sido previamente registrados por la organización como víctimas de represión estatal.
En relación con las otras tres personas, Cubalex también había registrado incidentes represivos o violaciones de derechos humanos en distintos momentos de los últimos años.
Existe además un sexto caso en el que la coincidencia entre los registros es alta. La persona aparecía en las bases de datos de Cubalex como privada de libertad por hechos relacionados con salidas ilegales del país; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible confirmar plenamente que se trate de la misma persona incluida en el decreto de indulto.
Casos documentados
En el caso de Yudimar Barallobre Columbie, Cubalex registró que fue detenido y agredido físicamente por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y altos oficiales de la Seguridad del Estado el 14 de noviembre de 2021, en su vivienda en Ciego de Ávila, en el contexto de la represión vinculada a la marcha cívica convocada para el 15N. No obstante, la organización no pudo verificar si permanecía en prisión en 2026 por la misma causa política.
Otro de los casos es el del joven Kevin Lay Laureido Rojas, condenado en 2025 a cuatro años de cárcel en Isla de la Juventud por abandonar instalaciones militares durante el Servicio Militar Obligatorio (SMO).
“Se lo llevaron obligado, él no soportó y se escapó para su casa. Allá lo fueron a buscar y lo metieron preso”, relató una fuente desde la Isla de la Juventud hace un año.
Según la información recibida por Cubalex, una comisión médica había declarado previamente al joven como no apto para el servicio militar debido a problemas psiquiátricos que presentaba desde hacía años.
Sobre Maikel Seara Padrón, de Nuevitas, Camagüey, trascendió una denuncia en 2025 sobre que llevaba dos años detenido por un presunto robo en el frigorífico municipal, pese a que las pruebas de olor, huellas y rastreo canino dieron negativo, y que trabajadores de la institución afirmaron en el juicio no conocerlo ni verlo en los videos de seguridad.
Respecto a la ex prisionera política Ana Laura Parra González, incluso la organización Human Rights Watch (HRW) documentó su caso. Sin embargo, aseguraron que no fue juzgada, sino liberada con una multa de 1,000 pesos en 2021 y su causa archivada. Que fuera indultada en abril anterior contradice esta información inicial y confirma que los listados de presos políticos cubanos constituyen un subregistro. La censura y la represión pueden haber impedido documentar casos similares.
Indultos con presencia de causas militares y de la Seguridad del Estado
El análisis del Decreto Presidencial 1212/2026 también permitió identificar la presencia de personas condenadas en causas vinculadas a tribunales militares y delitos procesados por salas especializadas de la Seguridad del Estado.
Cubalex identificó 95 personas con al menos una causa juzgada por tribunales o salas relacionadas con delitos contra la Seguridad del Estado, para un total de 102 causas. Esto representa un 4.7% del total de personas indultadas.
No se ha podido identificar a ninguna persona condenada por los delitos de sedición o sabotaje por las protestas del 11J entre este subgrupo. Como indicó el régimen en declaraciones el mes anterior, no iban a considerar para las excarcelaciones, llamados ‘delitos contra la autoridad’, pero sí incluyeron delitos contra la Seguridad del Estado.
Asimismo, el análisis detectó 286 personas únicas con causas tramitadas en tribunales militares, acumulando 300 expedientes.
Los datos muestran además una concentración temporal en expedientes recientes, especialmente entre 2023 y 2026, así como una concentración territorial y judicial visible en La Habana y varias salas penales provinciales. También se identificó un número significativo de beneficiarios con más de una causa o expediente asociado.
Cubalex concluye que los indultos se concentraron de manera marcada en expedientes recientes e incluyeron un subconjunto relevante de casos militares y vinculados a la Seguridad del Estado.
El comportamiento de las cifras también evidencia un incremento sostenido de personas provenientes de tribunales militares entre los indultados más recientes. Mientras que entre las causas fechadas entre 2020 y 2022 estas representaban entre el 2% y el 3.6% anual, en 2023 ascendieron al 7.8%, en 2024 alcanzaron el 17.6% y en 2025 llegaron al 20.6%. Es decir, aproximadamente una de cada cinco personas indultadas con causas de ese año provenía de tribunales militares. En 2026 la cifra se mantuvo elevada, con un 16%.
La alta concentración de expedientes provenientes de tribunales militares del sistema empresarial sugiere además que una parte significativa de los delitos pudiera estar relacionada con hechos de naturaleza económica.
Por último, destaca que varias personas ‘reincidentes’ fueron indultadas, a pesar de que la declaración oficial indicara que no serían beneficiadas. El análisis de Cubalex reveló que fueron excarceladas dos personas con ocho y nueve expedientes, y otras 10 que tenían entre cinco y seis.
El análisis realizado por Cubalex evidencia profundas contradicciones entre el discurso oficial sobre el proceso de indultos y la composición real de las personas beneficiadas. Mientras las autoridades aseguraron que no serían excarceladas personas vinculadas a determinados delitos o con antecedentes reiterados, el examen del Decreto Presidencial 1212/2026 muestra la presencia de condenados en causas relacionadas con la Seguridad del Estado, tribunales militares y personas catalogadas como “reincidentes”.
Al mismo tiempo, el hecho de que varias personas indultadas ya hubieran sido documentadas previamente por Cubalex y otras organizaciones, como víctimas de represión o violaciones de derechos humanos, desmonta la narrativa oficial que niega la existencia de presos políticos y de prácticas represivas sistemáticas en Cuba. La inclusión de estos casos confirma, además, que los registros independientes sobre prisión política y represión continúan enfrentando enormes obstáculos de documentación.
Lejos de representar un gesto humanitario, los datos revelan que el proceso de indultos estuvo atravesado por inconsistencias, opacidad y decisiones que contradicen las propias declaraciones públicas del régimen. También deja en evidencia que entre las personas privadas de libertad en Cuba existen casos previamente identificados por organizaciones independientes como víctimas de violaciones de derechos humanos, aun cuando el Estado continúe negándolo oficialmente.