En mayo de 2026, Cubalex recibió múltiples denuncias relacionadas con interrupciones de internet asociadas a apagones y protestas sociales, así como reportes sobre restricciones de comunicación impuestas dentro de varias prisiones del país. Ambos fenómenos incidieron directamente en la capacidad de documentar violaciones de derechos humanos y marcaron los datos recopilados para el informe mensual.
Las denuncias sobre fallas y cortes de conectividad se concentraron especialmente en zonas de La Habana como Playa, El Vedado y Santo Suárez, además de Santiago de Cuba. Los reportes coincidieron con jornadas de fuertes apagones y con protestas registradas en distintas localidades del país, particularmente el 14 de mayo, fecha en la que plataformas de monitoreo de tráfico reportaron una caída significativa de la conectividad nacional.
Datos de Cloudflare Radar muestran una disminución constante del tráfico total de internet en Cuba durante mayo y los primeros días de junio. El descenso más pronunciado ocurrió precisamente el 14 de mayo, en paralelo con manifestaciones y apagones prolongados, sobre todo en la capital.
La precariedad estructural del acceso a internet en Cuba agrava este escenario. Según el índice global de Speedtest, Cuba ocupa el lugar 153 de 154 países evaluados —solo por delante de Turkmenistán—, con velocidades promedio de descarga de apenas 3.83 Mbps y de subida de 0.92 Mbps, muy por debajo de los promedios globales de 121.77 Mbps y 61.43 Mbps, respectivamente. La latencia promedio en la isla alcanza los 87 ms, frente a un promedio mundial de 9 ms.
A finales de mayo, los datos de Psiphon, uno de los servicios VPN más utilizados por usuarios cubanos para sortear la censura y acceder a contenidos bloqueados, evidenciaron un deterioro aún mayor de la conectividad. La latencia alcanzó picos de 471 ms, con un promedio de 412 ms, indicando un aumento considerable del tiempo necesario para establecer conexión incluso mediante herramientas diseñadas para evadir restricciones estatales.
el tráfico pareció recuperarse brevemente, pero en mayo se agravó la situación. Fuente: Cloudflare.
Paralelamente, Cubalex documentó restricciones de comunicación dentro de varias cárceles del país. Personas privadas de libertad recluidas en Kilo 8, en Pinar del Río —donde permanece encarcelado el artista y preso político Maykel Castillo “Osorbo”—, así como en el Combinado del Este, Quivicán y la prisión de Guanajay, denunciaron la prohibición de realizar llamadas internacionales. Esto ocurrió un día después de que se publicara en USA Today un artículo con declaraciones desde prisión tanto de Osorbo como de Luis Manuel Otero Aclántara.
Otros familiares de presos políticos en el exterior como Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Veliz Marcano, denunció problemas de comunicación ese mes.
Estas limitaciones afectan directamente el contacto de los reclusos con familiares y redes de apoyo en el exterior, pero también obstaculizan la documentación de incidentes dentro de los centros penitenciarios. En muchos casos, las llamadas internacionales constituyen una de las pocas vías disponibles para denunciar abusos, condiciones de reclusión, amenazas o situaciones de riesgo dentro de las cárceles cubanas.
Un patrón previamente identificado por Cubalex
Este patrón ya había sido identificado por Cubalex en su Informe Semestral correspondiente al período julio-diciembre de 2025, donde la organización advirtió sobre un fenómeno estructural de control comunicacional orientado al silenciamiento social. El informe señaló que el encarecimiento del acceso a internet reduce de forma general la capacidad de conexión y denuncia de la población, mientras que los cortes intencionados, los apagones prolongados y los bloqueos selectivos contra activistas y zonas de protesta refuerzan esa restricción de manera focalizada y política.
La combinación de estos factores ayuda a explicar la disminución de incidentes documentados por Cubalex en determinados períodos posteriores, sin que ello implique necesariamente una reducción de la represión estatal. Por el contrario, la caída en los registros puede responder a una menor capacidad de las víctimas y sus familiares para comunicar lo ocurrido y aportar evidencias.
Este comportamiento evidencia la efectividad de las estrategias de silenciamiento implementadas por el Estado cubano: no solo se reprime, sino que también se controlan las condiciones necesarias para que esa represión no pueda ser reportada ni visibilizada.